La Corte Suprema de Justicia de Colombia rechazó la solicitud de amparo constitucional presentada por Carlos Ramón González Merchán, que alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la defensa.
En la decisión, el magistrado Gerardo Barbosa Castillo sostuvo en el documento con fecha del 14 de octubre de 2025, que “al no advertirse entonces la vulneración de los derechos fundamentales que alega el accionante y tampoco la concurrencia de un perjuicio de carácter irremediable, se negará el amparo constitucional invocado”.
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La Sala de Decisión de Tutelas n.º 2 de la Sala de Casación Penal, al resolver la acción de tutela de segunda instancia, determinó que no existían elementos suficientes para conceder la protección solicitada.
En el fallo, el togado Barbosa Castillo precisó: “NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, libertad y defensa de Carlos Ramón González Merchán”.
El tribunal dispuso además la notificación de la decisión conforme a lo establecido en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
El magistrado tambipen ordenó: “NOTIFICAR este proveído, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y de no ser impugnado, ENVIAR la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.
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La interpol expidió circular roja para la captura de Carlos Ramón González
La emisión de una alerta internacional de Interpol ha intensificado la búsqueda de Carlos Ramón González, exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien enfrenta acusaciones de corrupción y blanqueo de capitales en el marco del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La circular roja, avalada por la oficina central de Interpol en Lyon, Francia, autoriza a las fuerzas policiales de 196 países a localizar y detener a González, sobre quien pesa una orden de reclusión preventiva dictada por el Tribunal Superior de Bogotá.
El proceso judicial contra Carlos Ramón González, de 66 años e integrante de la Alianza Verde, se remonta a una investigación que lo vincula con la apropiación indebida de recursos públicos y el pago de sobornos para favorecer proyectos legislativos del gobierno de Gustavo Petro.
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Según declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, en septiembre de 2023 González habría instruido el desembolso de $4.000 millones en sobornos a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. De ese monto, $3.000 millones se habrían entregado en efectivo a Name y 1.000 millones de pesos a Calle, fondos que provenían de contratos gestionados por la Ungrd. Las reuniones para coordinar estos pagos se habrían realizado en la sede presidencial entre septiembre y octubre de 2023.
La Fiscalía General de la Nación, tras diversas indagaciones y entrevistas, presentó cargos el 21 de mayo ante el Tribunal Superior de Bogotá contra González por tres delitos, a los que el exfuncionario se declaró inocente. Posteriormente, la fiscal María Cristina Patiño solicitó su detención en un centro penitenciario, petición que fue aprobada por el magistrado Leonel Rogeles.
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Desde ese momento, se requirió la colaboración de Interpol para dar con el paradero del acusado.El proceso de solicitud de apoyo internacional se inició en julio, pero la circular roja de Interpol fue confirmada recientemente. Durante este periodo, la Fiscalía señaló que la ausencia de respuesta por parte de Interpol dificultaba la ejecución de la orden judicial. Con la notificación ya vigente, se espera que los procedimientos para la captura y extradición de González se agilicen.
La situación se complica por el hecho de que Carlos Ramón González abandonó Colombia el 2 de noviembre de 2024 y se trasladó a Nicaragua, donde obtuvo asilo político y residencia. El gobierno nicaragüense rechazó la petición de extradición presentada por Colombia, lo que generó controversia, especialmente porque el trámite de residencia fue gestionado desde diciembre con el apoyo de la Embajada colombiana en Managua.
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El 4 de julio, la Fiscalía General de la Nación reiteró la solicitud de la medida judicial y confirmó la alerta internacional, lo que permitirá una mayor cooperación con cuerpos policiales extranjeros.
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