Estos son los colombianos que han entrado en la Lista Clinton: de los carteles del narcotráfico a Gustavo Petro y su familia

El eco político y mediático de la llamada Lista Clinton volvió a sentirse con fuerza en Colombia luego de que se confirmara que el presidente Gustavo Petro fue incluido en el listado por parte del Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro. La decisión, que marca un punto crítico en la relación bilateral, también involucra a la primera dama, Verónica Alcocer; al ministro del Interior, Armando Benedetti; y al exdiputado Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario.

La noticia llega días después de que el senador republicano Bernie Moreno solicitara a Donald Trump impulsar dicha medida. Para muchos, se trata de un golpe diplomático de gran magnitud, pues la inclusión en esta lista implica sanciones económicas, restricciones financieras y un escrutinio internacional permanente. En la práctica, quienes figuran allí no pueden realizar transacciones con personas o empresas radicadas en Estados Unidos ni acceder a su sistema bancario.

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La confirmación de la sanción se produce tras semanas de rumores y tensiones que venían creciendo desde el veto de visa impuesto al presidente colombiano. La medida lo deja en una posición incómoda frente a Washington y refuerza las críticas de sectores opositores. Ante ello, Andrea Petro, hija del mandatario, defendió a su familia en redes sociales y aseguró que “defender la paz de Colombia frente al narcotráfico exige valentía”. Por su parte, el jefe de Estado reiteró que su lucha contra el narcotráfico ha sido constante y que no existen pruebas que lo vinculen con actividades ilegales.

La Lista Clinton, creada en 1995 y conocida oficialmente como Specially Designated Narcotics Traffickers List, es una herramienta de presión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para sancionar a individuos, compañías o gobiernos señalados de facilitar operaciones del narcotráfico. Quienes son incluidos quedan aislados del sistema financiero global y ven bloqueados sus activos internacionales.

Colombia no es ajena a esa lista. Desde finales del siglo XX, varias empresas y figuras nacionales fueron incluidas por sus presuntos nexos con los carteles de la droga. Uno de los casos más emblemáticos fue el del América de Cali, sancionado por sus vínculos con el cartel de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. La sanción tuvo efectos devastadores, el club no podía recibir inversiones ni realizar operaciones internacionales. Tras largos años de restricciones, fue retirado del listado en 2014.

También figura el caso de Drogas La Rebaja, cadena farmacéutica relacionada con el mismo cartel. Aunque estuvo años vetada por la Ofac, logró sobrevivir al impacto financiero y hoy cuenta con más de 800 sucursales. Actualmente hace parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y, según los planes oficiales, será entregada al Ministerio de Salud como parte de un proceso de recuperación empresarial estatal.

En la versión actualizada del listado, además de los nombres del presidente Petro y su entorno cercano, siguen apareciendo figuras históricamente ligadas a organizaciones criminales. Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo, y Daniel Barrera Barrera, alias El Loco Barrera, son dos de los más reconocidos. Ambos fueron señalados por coordinar rutas de exportación de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

En el plano internacional, también figura el venezolano Hugo Armando “El Pollo” Carvajal, exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela entre 2004 y 2011. Carvajal se declaró culpable de narcoterrorismo en junio de 2025, admitiendo haber hecho parte del cartel de los Soles. En medio del juicio, afirmó que el chavismo, liderado por Nicolás Maduro, financió campañas políticas de izquierda en América Latina, lo que volvió a encender la discusión sobre la influencia de Caracas en la región.

A casi tres décadas de su creación, la Lista Clinton sigue siendo un instrumento de poder financiero y político. Su alcance global ha demostrado que, más allá de los tribunales, también puede moldear relaciones diplomáticas y narrativas públicas.