María José Pizarro se pronunció después del fallo en segunda instancia de Álvaro Uribe: “Está condenado ante la historia”

El martes 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá dejó sin efecto la sentencia que había sido dictada en primera instancia contra el exmandatario Álvaro Uribe Vélez por cargos de soborno y fraude procesal.

Los magistrados argumentaron que la determinación se basó en la ausencia de elementos que permitieran vincular a Uribe como responsable intelectual de los hechos, y en la falta de pruebas que demostraran intencionalidad en su actuación.

Ante esta decisión, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, expresó su postura ante diversos medios de comunicación: “Lo que queda claro es que Uribe está condenado ante la historia”.

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Pizarro resaltó que el proceso judicial ha garantizado plenamente los derechos del exmandatario durante 13 años. Además, indicó que el caso continuará, ya que las víctimas planean presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

“Lo que queda claro es que Uribe está condenado ante la historia. Durante trece años se adelantó un proceso en el cual Álvaro Uribe Vélez ha contado con todas las garantías. El investigado es y seguirá siendo él. La casación se va a presentar ante la Corte Suprema de Justicia por parte de las víctimas”, contestó Pizarro luego de que se le preguntara con respecto al tema.

La senadora afín con el Gobierno de Gustavo Petro también destacó la importancia de la búsqueda de justicia y el combate contra la impunidad.

Por eso, mencionó el avance reciente en otros casos vinculados a crímenes del pasado: “Y, bueno, esta es la historia de la lucha contra la impunidad, la lucha contra aquellos políticos que se aliaron con el paramilitarismo y le quedan bueno. También la semana pasada una jueza de Medellín, eh, compulsó copias por los asesinatos de Eduardo Umaña y de Jesús María Valle”.

María José Pizarro también se refirió al compromiso de continuar el esfuerzo por la verdad y la justicia en el país, y reiteró su postura sobre el expresidente Uribe en el contexto histórico. Además, subrayó el respeto a las decisiones judiciales.

“Así que esa es la historia de la lucha contra la impunidad y nosotros vamos a seguir siempre adelante hasta que este país tenga verdad y tenga justicia. Por supuesto que respetamos siempre las decisiones de la justicia, pero vuelvo y repito, Uribe ante la historia estará condenado en primera instancia”, comentó la legisladora.

La senadora ya se había referido a este asunto a través de su cuenta de X, donde criticó la reacción del uribismo y del sector político tradicional tras la decisión judicial.

“Ahora si! Cuando la justicia les favorece todo el uribismo y el establecimiento político rodeando y exaltando a la justicia en Colombia. ¡Patéticos!”, escribió por medio de su cuenta en la red social X, la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

En relación con la segunda instancia, la decisión del Tribunal Superior de Bogotá descartó las solicitudes de anulación y realizó modificaciones al fallo original, excluyendo del proceso las pruebas derivadas de interceptaciones telefónicas. El tribunal determinó que Álvaro Uribe Vélez no tenía responsabilidad penal por los señalamientos de soborno y fraude procesal, e indicó que las partes tienen la posibilidad de acudir al recurso extraordinario de casación.

Según la resolución adoptada, la Fiscalía no logró demostrar la implicación de Álvaro Uribe en los hechos que originaron la investigación, ni ante la Corte Suprema de Justicia ni en el despacho principal bajo la dirección de Luz Adriana Camargo. Los jueces establecieron que la jueza Sandra Heredia, responsable de la condena original, cometió errores durante la valoración de las pruebas y no llevó a cabo un examen completo de los elementos presentados en el expediente.

El magistrado Manuel Antonio Merchán, encargado de exponer la decisión, detalló durante más de tres horas los argumentos utilizados por el tribunal para declarar la absolución de Uribe. Merchán especificó que, tras examinar el expediente, no se halló evidencia de que el exmandatario hubiese dado directrices para la realización de actividades ilícitas.