Fiscalía investigará ataques con flechas y explosivos cerca a la embajada de los Estados Unidos en Bogotá, tras las denuncias del alcalde Carlos Fernando Galán

El balance de violencia y disturbios registrado en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá llevó a las autoridades a abrir varias investigaciones formales.

De acuerdo con información oficial, una serie de ataques perpetrados con flechas y explosivos contra miembros de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) resultó en cuatro agentes heridos, lo que desencadenó una respuesta institucional inmediata.

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El alcalde Carlos Fernando Galán, tras los hechos ocurridos el viernes 17 de octubre, afirmó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en la que incluyó cargos por terrorismo, asonada, violencia contra servidor público, afectación al sistema de transporte y concierto para delinquir.

“Lo que le pido a la Fiscalía es que, en el marco de sus competencias, es que se investigue a los determinadores que llevaron a las acciones que buscaban intimidar a los bogotanos y a las bogotanas en la semana que terminó”, expresó el mandatario en rueda de prensa.

El mandatario local aseguró que “lo que ocurrió en Bogotá no fue un hecho de protesta pacífica, fue una acción planeada, coordinada, deliberada y muy bien organizada, precisamente para intimidar a los bogotanos”.

La Fiscalía, tras recibir la denuncia del alcalde, abrió una investigación para identificar tanto a los autores materiales como a quienes habrían instigado los disturbios, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Detalles del ataque

El reporte de las autoridades sobre los recientes disturbios en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá dejó en evidencia los planes que antecedieron el ataque.

Según información divulgada por La FM, las alertas previas advertían de una coordinación minuciosa por parte de los involucrados, quienes habrían ejecutado tareas de vigilancia de los accesos, planificado el uso de posibles artefactos explosivos y elaborado una estrategia para causar daños de mayor gravedad a las instalaciones diplomáticas.

La noche del viernes 17 de octubre de 2025, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió públicamente al carácter premeditado de los hechos, estableciendo el nivel de organización que tuvieron los agresores.

“Hoy un grupo de delincuentes, algunos de ellos encapuchados, de manera premeditada, planeada evidentemente, se organizaron para atacar a la Policía en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos con artefactos explosivos, incendiarios, con flechas, con arcos. Rechazamos estos hechos”, afirmó el mandatario en un video difundido a través de redes sociales.

Además, Galán relató la respuesta inmediata solicitada por la autoridad local: “Inmediatamente, le pedí a la Policía Metropolitana que actuara y que por medio de la fuerza controlara la situación con tanquetas y con otras herramientas. Y lo haremos las veces que sea necesario. Rechazamos además el hecho de que cuatro miembros de la policía resultaron heridos en estos hechos”.

De acuerdo con el informe preliminar, al menos 30 personas encapuchadas habrían salido desde la Universidad Nacional hacia la embajada, donde iniciaron los enfrentamientos contra la unidad antidisturbios de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog). Una decena de integrantes del grupo, provistos de cizallas industriales, se habrían posicionado estratégicamente cerca de las salidas sobre la calle 26 con el propósito de intervenir en los accesos durante el movimiento.

La Secretaría de Seguridad confirmó que cuatro agentes policiales resultaron heridos por flechas disparadas por ciudadanos identificados como indígenas durante el desarrollo de los disturbios. Ante la gravedad de los acontecimientos, la Policía reforzó el monitoreo del perímetro diplomático, manteniendo vigilancia permanente para impedir una escalada de violencia y proteger el orden público en la capital.

En paralelo a las operaciones policiales, la Defensoría del Pueblo regional fue notificada de la situación.