El segundo debate del Presupuesto General de la Nación para 2026 entró en una etapa decisiva y, como era previsible, no están exentas de controversia. La segunda discusión formal en las plenarias de Senado y Cámara inició el 15 de octubre en medio de reclamos, dudas y alertas por los recortes que el Gobierno aplicó a varios sectores clave y por los aumentos en entidades específicas, incluido el presupuesto de la Presidencia.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el ajuste de $10 billones responde a una reorganización de las finanzas del Estado. De ese total, $6 billones corresponden a gastos de funcionamiento y $4 billones a inversión. Según el funcionario, los recortes están relacionados con modificaciones en la financiación de la reforma agraria y con un nuevo enfoque de la política de vivienda, que ahora priorizará los mejoramientos urbanos y rurales en lugar de la construcción de nuevas unidades habitacionales.
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Sin embargo, los argumentos técnicos del Ejecutivo no calmaron el ambiente político. Desde distintos partidos, varios congresistas advirtieron sobre inconsistencias en las partidas presupuestales y sobre decisiones que, a su juicio, abren la puerta a usos cuestionables de los recursos públicos.
La senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, fue una de las primeras en expresar su preocupación: “Estas son las modificaciones en el presupuesto que se vota hoy. 23 entidades recibirán más. ¿Cuáles menos?”, cuestionó durante la sesión. Lozano también señaló un incremento de $289.000 millones entre la primera y la segunda ponencia en el presupuesto de la Presidencia de la República, y lanzó una advertencia: “Raro, en campaña y Ley de Garantías. ¿Para qué se destinará?”.
Otro de los que alzó la voz fue el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, que criticó el aumento del presupuesto del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). “Eso es para seguir haciendo politiquería: eventos masivos con el presupuesto de los colombianos y que no generan ningún impacto a las comunidades”, aseguró.
Motoa también se refirió a los recortes en sectores estratégicos como el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Vivienda, al considerar que estas reducciones contradicen los discursos del propio Gobierno: “En Agricultura se disminuye un 24% comparado con la vigencia actual y eso afecta a los campesinos que el Presidente dice apoyar constantemente”, afirmó el senador vallecaucano.
La preocupación no solo proviene del Congreso. La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre las graves consecuencias que podría tener para la entidad el recorte planteado en la ponencia. “La ponencia recorta aún más el presupuesto de Defensoría del Pueblo para el próximo año”, señaló Marín, que explicó que, de aprobarse el texto como está, la entidad operaría con 47,3% menos de presupuesto de inversión respecto a 2024.
“Esto impactará severamente nuestra misionalidad y, particularmente, nuestro despliegue en el territorio”, agregó la funcionaria al insistir en que la reducción pone en riesgo la presencia institucional en regiones donde la Defensoría cumple un papel crucial de mediación y protección de derechos.
En su análisis, Marín precisó que la disminución global sería de 5% frente a 2025, pero que el golpe más fuerte recae sobre los recursos destinados a inversión: “El recorte más fuerte es en el presupuesto de inversión: 30% menos en 2026, respecto del presupuesto de inversión de 2025”.
La funcionaria también reveló las cifras que respaldan su preocupación: “Este recorte representa $151.222 millones menos de lo que la Defensoría del Pueblo había solicitado para garantizar adecuadamente su trabajo el próximo año. Esto es 11,2% menos del presupuesto solicitado por nuestra entidad”.
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