El reciente ataque contra la infraestructura eléctrica en el municipio de Bello intensificó la preocupación por la seguridad en el área metropolitana de Medellín, Antioquia. Durante la madrugada del 15 de octubre de 2025, una detonación en una torre de energía de EPM generó alarma entre los habitantes, aunque no provocó daños en la estructura ni interrupciones en el suministro eléctrico.
El hallazgo de una bandera con emblemas del Frente 36 de las disidencias de las Farc en el lugar permitió a las autoridades identificar a los presuntos responsables del atentado. La reacción de las autoridades no se hizo esperar. Lorena González, alcaldesa de Bello, solicitó al Gobierno nacional un refuerzo en seguridad, tras la instalación de un explosivo por parte del grupo al margen de la ley.
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Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su rechazo a estos hechos y cuestionó la política de Paz Total del presidente de la República, Gustavo Petro con grupos armados y bandas criminales.
En palabras del mandatario distrital, “Criminales del Frente 36 de las Farc detonaron una carga estratégica en el municipio de Bello. Pretendían derribar la torre de energía de ese sector y así seguir atentando en contra de la infraestructura estratégica”. Gutiérrez también advirtió que este ataque replica el “mismo modus operandi que utilizaron hace unas semanas en Medellín. Colombia debe recuperar el orden y la seguridad”.
La Fiscalía General de la Nación y la Policía mantienen abiertas las investigaciones, ya que este episodio representa el segundo ataque de características similares en menos de un mes en el Valle de Aburrá. A comienzos de septiembre de 2025, en el sector de Loreto, se registró la instalación de varios artefactos explosivos en torres de EPM, acción atribuida a células ilegales identificadas como Red de Apoyo al Terrorismo. En ese hecho, las autoridades localizaron seis explosivos: dos se detonaron la noche del 10 de septiembre, otros dos fueron desactivados el día siguiente y los dos restantes fueron explosionados de manera controlada, uno en la mañana y otro en la tarde.
Como respuesta a estos hechos, la administración local ofreció una recompensa de hasta $200.000.000 a quienes aporten información que conduzca a la identificación y captura de los responsables. Además, se anunció el despliegue adicional de 100 uniformados expertos en combate urbano de la Cuarta Brigada del Ejército, que han sido asignados a puntos estratégicos de la ciudad para reforzar el control militar y policial y fortalecer la capacidad de respuesta ante nuevas acciones de grupos armados ilegales.
La situación de orden público en Bello se vio agravada por otros episodios violentos recientes. Apenas una semana antes del ataque a la torre de energía, un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) adscrito a la Cárcel Nacional Bellavista fue víctima de un atentado armado tras finalizar su jornada laboral. El dragoneante Felipe Quimbayo, vicepresidente nacional del sindicato de empleados unidos penitenciarios del Inpec, relató que el ataque ocurrió la noche del 11 de octubre de 2025.
Según su testimonio, “el funcionario que recibió el atentado salió del penal, y mientras se dirigía a su casa, fue interceptado por dos hombres en motocicleta; uno de ellos le disparó en cuatro ocasiones”. A pesar de la gravedad del ataque, “de los cuatro impactos que le hizo, ninguno dio en su humanidad, gracias a Dios”, subrayó Quimbayo.
El representante sindical lamentó que estos hechos violentos hayan alcanzado tanto a Medellín como al Valle de Aburrá, y advirtió sobre una tendencia creciente en las agresiones contra funcionarios penitenciarios. De acuerdo con los registros del sindicato, durante el año se han contabilizado 260 amenazas y 35 asesinatos de funcionarios del Inpec.
Frente a este panorama, hizo un llamado urgente al Estado colombiano para reforzar las garantías de protección. Solicitó al comandante de la Policía Nacional que se refuercen los establecimientos penitenciarios las veinticuatro horas, destacando que “hay establecimientos carcelarios municipales, como la cárcel distrital, que mantienen un CAI veinticuatro siete. Eso es lo que hemos pedido al gobierno nacional, que se den estas garantías mínimas para poder prestar nuestro servicio de manera eficiente”.
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