La alarmante denuncia sobre el incremento de secuestros y abusos sexuales de menores ha generado profundo temor y preocupación en la ciudadanía de Buenaventura (Valle del Cauca).
Habitantes y organizaciones sociales advirtieron sobre la presencia cada vez mayor de bandas criminales que, en distintas comunas del distrito, estarían cometiendo estos delitos en zonas donde el control institucional es reducido y el accionar delincuencial es total.
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De acuerdo con el relato de los testimonios, los cabecillas de estos grupos delictivos retienen a niñas en viviendas improvisadas como sitios de cautiverio, sometiéndolas a múltiples agresiones y vejámenes.
La gravedad de los hechos queda expuesta en la declaración de Libia Mosquera, concejal de Buenaventura, que relató para Noticias RCN: “Que a una niña bajo presión y sin su consentimiento la encierran en cualquier sitio y la tienen allá 435 días. Abusándola sexualmente varios hombres, ni siquiera es uno, son varios hombres porque la vieron bonita. El jefe determinó que la tenía que secuestrar, la tenían que violar”.
Estas situaciones se presentan de forma reiterada en sectores vulnerables, donde la comunidad denuncia la falta de respuesta estatal efectiva y el constante temor impuesto por las bandas delictivas. Los residentes afectados insisten en que las intervenciones actuales son insuficientes para contrarrestar el poder de estos grupos.
Ante este escenario, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) ha indicado que sus equipos trabajan articuladamente con autoridades locales, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Defensoría del Pueblo para proteger la integridad de niños, niñas y adolescentes en Buenaventura, así como para atender los casos reportados.
Joaquín Reyes, director regional del Instituto en Valle del Cauca, explicó al mismo medio que : “Desde el Icbf estamos en busca de estrategias enfocadas en la prevención de este tipo de delitos, además de otros que se viene presentando en Buenaventura”.
Pese a los esfuerzos institucionales, la denuncia expone una demanda creciente de la sociedad civil: el llamado a una respuesta más contundente del Estado, que logre garantizar la seguridad y los derechos de los menores frente al accionar de las bandas criminales.
La preocupación se intensificó con el caso más reciente conocido por las autoridades, ocurrido el 19 de septiembre de 2025, cuando una adolescente de 16 años fue víctima de abuso por parte de integrantes de una banda criminal mientras salía de su colegio en el barrio La Independencia.
La comunidad, consternada, reitera la urgencia de medidas eficaces ante la continuidad de estos delitos y la sensación de indefensión predominante en Buenaventura.
Violencia y desplazamiento superan la capacidad del distrito en Buenaventura, dice asesora de Paz de la ciudad portuaria
La creciente ola de violencia, desplazamiento forzado y pérdida de control territorial ha colocado a Buenaventura en una situación crítica, superando la capacidad de respuesta de sus autoridades locales.
Según declaraciones de Carolina Guerrero, asesora de paz del distrito, a La FM, la administración distrital enfrenta serias limitaciones para contener la acción de múltiples grupos armados, una problemática que afecta tanto las zonas urbanas como rurales.
El fenómeno no se restringe únicamente a episodios aislados, sino que responde a una presencia ramificada de actores armados que disputan poder en Buenaventura. Guerrero, en entrevista con La FM, identificó a organizaciones como las bandas urbanas Shottas, Espartanos y Chiquillos, así como a estructuras rurales, entre las que figuran el ELN, la estructura Jaime Martínez y la Wilson González —ambas disidencias de las Farc—, además del Clan del Golfo y las Autodefensas Gaitanistas, como responsables directos de la fragmentación y reconfiguración del control territorial.
Las autoridades distritales no logran cubrir el extenso territorio afectado ni contener la reorganización constante de las facciones armadas. Guerrero explicó a la emisora mencionada que el distrito administra una situación donde la zona urbana, aunque reducida en extensión, alberga una alta densidad de población, mientras que la ruralidad representa más del 97% del distrito y se convierte en un escenario propicio para el repliegue y movimiento de estos grupos ilegales.
Ante este escenario, Guerrero enfatizó la insuficiencia de recursos y capacidades para hacer frente a la crisis: “Estamos desbordados en capacidades como distrito porque nos toca atender tanto la zona urbana, que es una pequeña parte del distrito con alta concentración de población, pero también una ruralidad de más del 97%”, afirmó la asesora al medio La FM.
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