Qué pasó con los $9.500 millones del Ejército destinados a municiones y explosivos que no aparecen: esto dice la Contraloría

El hallazgo de un detrimento patrimonial superior a 9.500 millones de pesos en el Ejército colombiano, producto de la compra y almacenamiento inadecuado de municiones y explosivos vencidos, ha encendido las alarmas sobre la gestión de recursos en la Fuerza Pública y los riesgos que esto implica para la seguridad nacional.

Según reveló la Contraloría General de la República en un informe conocido por Semana, la pérdida de este material de guerra no solo representa un golpe al presupuesto nacional, sino que también compromete la eficiencia del gasto público y la capacidad operativa de la institución castrense.

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La investigación, realizada durante 2024, identificó que en el Fuerte Militar de Tolemaida y en la Brigada 10 del Ejército se almacenaban municiones y explosivos que habían superado su vida útil.

El informe de la Contraloría, de 72 páginas, detalla que el material vencido incluía munición de distintos calibres, granadas de mano, misiles, cohetes y proyectiles, todos resguardados en condiciones que presentaban oxidación y deterioro en las estructuras de almacenamiento.

Estas deficiencias, según el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, ponen en riesgo tanto la seguridad del personal militar como la operatividad de la fuerza, al tiempo que evidencian serias debilidades en los mecanismos de control y vigilancia fiscal.

Uno de los aspectos más preocupantes señalados por la Contraloría, y reportados por Semana, es la alteración de las fechas de vencimiento en los sistemas de registro.

El informe advierte que las fechas consignadas no coincidían con las reales, lo que generó una alerta sobre la posible manipulación de la información. Esta situación incrementa el peligro para la misión operacional del Ejército y para la integridad de quienes manipulan la munición vencida.

El informe cita un concepto de la Industria Militar Colombiana (Indumil), fechado el 17 de septiembre de 2024, en el que se enfatiza: “Si la munición ya cumplió con el tiempo de vida útil garantizado por el fabricante (Indumil) no debe ser utilizada”.

La Contraloría también subrayó que los principios de vigilancia y control fiscal no resultaron efectivos en este caso, lo que permitió que más de setecientos mil cartuchos quedaran inutilizados tras vencer su periodo de uso.

Ante este panorama, el contralor Rodríguez reiteró la necesidad de que el Gobierno nacional descongele el presupuesto de la Fuerza Pública, con el fin de evitar que situaciones similares se repitan y se garantice la adecuada gestión de los recursos destinados a la defensa.

En sus recomendaciones, el ente de control insistió en la urgencia de fortalecer los sistemas de almacenamiento y registro, así como en la importancia de acatar las directrices técnicas de Indumil para prevenir riesgos mayores.

La advertencia de la Contraloría no solo apunta a la protección del erario, sino también a la salvaguarda de la vida de los militares y a la preservación de la capacidad de respuesta del Ejército colombiano.

Como resultado de este proceso, la institución castrense enfrenta un escenario en el que su capacidad de acción y respuesta se ve seriamente limitada, reflejando el impacto directo que la mala gestión de recursos puede tener sobre la seguridad y la defensa del país.

Una red de militares colombianos fue desmantelada tras descubrirse que facilitaba el tráfico de armas y municiones a grupos criminales en la región Caribe, según documentos judiciales citados por Semana.

La operación, liderada por la Policía, la Fiscalía y la Contrainteligencia Militar, reveló la participación de uniformados con acceso privilegiado a material bélico, quienes desviaban armamento desde el batallón de ingenieros de Valledupar.

La investigación determinó que la red extendió sus actividades fuera de Colombia. Alias el Veterano, recientemente capturado, estableció conexiones en Florida (Estados Unidos) y coordinó envíos de armas a través de rutas que incluían Costa Rica, República Dominicana y Venezuela.

La logística se apoyaba en enlaces en Maicao, de los cuales seis ya fueron detenidos, y en lancheros que transportaban el armamento por Nazareth y Uribia, donde se acopiaba antes de su entrega final. Entre los implicados destaca el soldado Rendón, conocido como alias el Viejo o Pinocho, con más de quince años de servicio y reputación de experto en manejo de munición.

Rendón contactaba a grupos armados ilegales, entre ellos el ELN, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (los Pachenca), para ofrecerles munición de uso militar.

Las pesquisas de la Policía Judicial establecieron que el soldado vendía cartuchos calibre 5.56 a 10.000 pesos cada uno, y que las transacciones seguían protocolos mafiosos: ambas partes intercambiaban videos mostrando los fajos de billetes y las municiones para garantizar la seriedad del negocio.