Polémica por contrato de $10.700 millones en el Icetex: denuncian que ‘app’ costaría 11 veces más de lo real

El desarrollo de una nueva aplicación tecnológica tiene al Icetex en el centro de una polémica que mezcla denuncias políticas, cifras millonarias y cuestionamientos sobre la transparencia en la contratación pública. La alerta fue lanzada por la representante a la Cámara Catherine Juvinao, que advirtió posibles irregularidades en un contrato de casi $10.700 millones para la creación de una app institucional.

Según la congresista, la aplicación, diseñada para facilitar los procesos de financiación de los estudiantes, tendría un costo hasta once veces superior al valor real estimado en el mercado. “Lo que encontramos en nuestra investigación es que no solamente esa app no cuesta $12.000 millones, es una app que podría estar costando entre $900 y $1.000 millones, incluidos los 16 meses de soporte y mantenimiento que pide el Icetex. Esto lo que nos dice es que podrían estar entregando un contrato por un valor inflado 11 veces”, señaló.

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El contrato fue adjudicado a Infotic, una empresa con sede en Caldas, que según Juvinao se quedó con el millonario proceso sin una convocatoria pública ni un proceso de selección amplio. La denuncia apunta a que el Icetex habría publicado la oferta durante apenas tres días en el sistema de contratación estatal Secop, lo que habría limitado la participación de otras compañías interesadas.

A pesar del breve lapso, unas 16 empresas alcanzaron a enviar sus cotizaciones. De ellas, solo cinco cumplieron los requisitos exigidos, pero, según la representante, las propuestas con valores más razonables, que oscilaban entre $1.000 y $3.800 millones, fueron rechazadas sin explicación clara. En cambio, Infotic obtuvo una calificación perfecta en los criterios técnicos. “No hay sustento, no se sabe cómo hicieron esa evaluación”, afirmó Juvinao, al insistir en que el proceso presenta inconsistencias tanto en la evaluación como en la justificación del monto.

La congresista también sostuvo que existieron posibles filtraciones de información durante el proceso. Aseguró haber tenido acceso a correos electrónicos entre funcionarios del Icetex y algunos oferentes, los cuales demostrarían que ciertos proponentes contaron con datos privilegiados que habrían influido en la elaboración de sus ofertas. “Gracias a esos correos pudieron inflar los precios”, denunció.

Frente a estos hallazgos, la representante instó al presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, a suspender el contrato, abstenerse de adjudicarlo a Infotic y abrir un nuevo proceso bajo una convocatoria pública y transparente. Según Juvinao, mantener la contratación actual implicaría el riesgo de un posible detrimento patrimonial para la entidad.

El Icetex, por su parte, negó categóricamente las acusaciones. En un comunicado, la entidad afirmó que los señalamientos “carecen de fundamento” y que todos sus procesos de contratación se desarrollan conforme a la normatividad vigente. Añadió que el objetivo de la iniciativa tecnológica es fortalecer los canales de atención y acceso a los servicios educativos y financieros que ofrece la institución.

De acuerdo con la entidad, la aplicación hace parte de un proceso de transformación digital que busca superar la “obsolescencia tecnológica que ha limitado la capacidad operativa, la eficiencia en la atención y las actuales formas de interacción y expectativas digitales de los usuarios”. Además, sostuvo que el contrato aún se encuentra en fase de estructuración y que las decisiones adoptadas hasta el momento se ajustan al Manual de Contratación interno.

Pese a la respuesta institucional, el caso sigue generando inquietud en el Congreso y en la opinión pública, pues pone nuevamente bajo la lupa la gestión del Icetex, una entidad que históricamente es cuestionada por la falta de claridad en el manejo de sus recursos. Para Juvinao, este episodio refleja la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre los contratos estatales relacionados con tecnología, un sector en el que los sobrecostos y la falta de competencia abierta siguen siendo terreno fértil para la polémica.

La representante concluyó que insistirá en que el proceso sea revisado por los órganos de control para evitar que se concrete lo que considera un “abuso en el gasto público”, mientras el Icetex intenta sostener su versión: que todo se trata de un paso más en su plan de modernización.