La Corte Suprema de Justicia de Argentina reafirmó el avance judicial contra el conocido Clan Meyendorff al rechazar una serie de apelaciones presentadas por los abogados defensores de los implicados.
De este modo, el máximo tribunal argentino confirmó la continuidad del proceso penal sobre una estructura familiar acusada de lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico internacional, según detalló Aire de Santa Fe.
La organización, liderada por el colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, conocido como el “Gran Hermano” dentro del entramado delictivo, desplegó una vasta red de movimientos financieros y adquisiciones de bienes en la Argentina, según los informes del caso.
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El núcleo del proceso involucra a Ignacio Álvarez Meyendorff, quien, de acuerdo al expediente judicial, mantuvo durante años un rol clave en el tráfico y posterior blanqueo de capitales derivados de la venta de estupefacientes.
La investigación reseñada por el mismo portal local agregó que los fondos ilícitos ingresaron al circuito formal mediante la constitución de empresas, compra de campos, inversión en ganadería, adquisición de automóviles exclusivos y la compra de inmuebles en zonas de alta cotización, como los barrios cerrados de Nordelta y Abril, en la provincia de Buenos Aires.
Este mecanismo permitió que el clan disimulara el origen de entre cinco y ocho millones de dólares blanqueados.
Cronología del caso del clan Meyendorff
El antecedente directo remonta a marzo de 2011, cuando Ignacio Álvarez Meyendorff y parte de su familia quedaron detenidos en el aeropuerto internacional de Ezeiza, tras arribar desde Tahití.
Dos años después, el sindicado líder narco fue extraditado a Estados Unidos, país al que las autoridades argentinas entregaron al imputado para ser juzgado por cargos de contrabando de cocaína, lavado de dinero y colaboración con el Cartel del Norte del Valle, una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia.
La sentencia estadounidense le impuso siete años de prisión. Finalizado ese período, Álvarez Meyendorff intentó regresar a la Argentina en diciembre de 2022, pero agentes migratorios le impidió la entrada, forzando su retorno a Colombia en plenas fiestas navideñas.
A lo largo de la investigación, los tribunales constataron una estructura familiar extensa que intervino en la maniobra económica.
Entre los condenados se encuentran la esposa, dos hijos, la madre, dos nueras, un hermano, un primo y un sobrino del principal implicado, además de colaboradores directos.
En noviembre de 2019, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal N°2 de La Plata condenó a veintitrés de veintisiete procesados por lavado de activos agravado por actuar en banda, disponiendo penas de entre cinco y siete años de prisión, así como el decomiso de todos los bienes involucrados por hasta tres veces el monto blanqueado.
Como parte de las estrategias de los abogados defensores, varios presentaron recursos extraordinarios bajo el argumento de que se había vulnerado el principio de inocencia, insistiendo en supuestas nulidades procesales.
El mismo medio argentino reseñó que las presentaciones procedieron en nombre de imputados como Marcelo Pol, Elsa Alejandra Vázquez, Stella Maris Vieyra, entre otros miembros del grupo familiar y allegados.
Las apelaciones apuntaban a la validez de las pruebas y a la condena impuesta, pero la Corte Suprema desestimó todos los recursos, algunas por razones formales y otras por no referirse a una sentencia definitiva.
El caso judicial tuvo instancias previas de revisión cuando, en abril de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal anuló una parte de la sentencia únicamente en lo relativo a la determinación de la pena, instruyendo la realización de audiencias para ajustar las condenas individuales tras escuchar a los acusados.
Pese a esta excepción, el resto de la condena continuó firme, reforzando la posición del Ministerio Público Fiscal sobre la solidez de las pruebas reunidas en los diversos operativos.
Las maniobras del clan salieron a la luz plena a raíz de dos grandes operativos encabezados por la justicia y las fuerzas de seguridad argentinas.
En abril de 2012, un procedimiento conocido como Luis XV permitió el decomiso de 253 kilos de cocaína que habían sido ocultados en muebles estilo antiguo. Dichos contenedores iban a ser enviados a Europa y los Estados Unidos y se hallaban en galpones de Lanús, provincia de Buenos Aires.
Además, en junio de 2011, la detección de 444 kilos de cocaína en el velero Traful, embarcado en el puerto de Berisso con destino a Uruguay, sumó otro golpe a la estructura delictiva dirigida por Álvarez Meyendorff.
Los jueces identificaron la matriz patrimonial de origen ilícito a través del análisis de sociedades comerciales, movimientos bancarios y múltiples operaciones inmobiliarias siempre vinculadas a miembros del entorno familiar.
La evidencia robusteció la hipótesis acusatoria y apuntaló la posición de la justicia argentina respecto al riesgo de reingreso de capitales provenientes del narcotráfico internacional.
Hasta la fecha, la Corte Suprema no aceptó revisar el fondo de las sentencias condenatorias ni habilitó vías extraordinarias a favor de los acusados.
De esta forma la causa sigue su curso, con las instancias procesales centradas en la determinación definitiva de las penas, mientras las autoridades mantienen parte de los bienes intervenidos bajo administración judicial, a la espera de su eventual decomiso total.
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