
El 7 de octubre de 2025 se produjo el traslado de Katerine Andrea Martínez, conocida como alias Gabriela o Andrea, a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, marcando un nuevo avance en la investigación por el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
La mujer, capturada en Florencia, Caquetá, habría desempeñado un papel logístico en el atentado perpetrado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, del barrio Modelia en Bogotá.
El hecho se registró cuando un menor de 15 años, conocido con el alias de Tianz, disparó en al menos seis ocasiones contra el senador del Centro Democrático, hiriéndolo de gravedad con dos impactos de bala en la cabeza y otro en una de sus piernas. Después de permanecer en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, el congresista de oposición falleció el pasado 11 de agosto.
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Al respecto, el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana, durante el panel ‘Seguridad y paz: Elecciones sin miedo en los territorios de la maratón Paz Electoral’, expuso los avances en el caso y subrayó la determinación de las autoridades para identificar a los autores intelectuales del crimen.

“Vamos por la línea investigativa para encontrar al determinador o a los determinadores. Siguen los 180 investigadores trabajando con la Fiscalía General de la Nación, están recolectando elementos materiales probatorios, están analizando en campo y en territorio. Hay nuevas capturas, hay nuevas noticias alrededor”, afirmó Triana, que insistió en que los resultados esperados permitirán llegar a los responsables de planear el asesinato.
En el mismo evento, detalló la implementación del Plan Diamante, una estrategia orientada a la protección de candidatos y precandidatos en el contexto electoral.
“Hoy tenemos un mapa con 104 municipios que son prioritarios. Seguimos trabajando sobre esa base, pero también en el marco de la seguridad protectora consolidar el Plan Diamante de la Policía nacional para proteger a los candidatos, a los precandidatos, a los senadores y representantes”, explicó el director de la Policía.
Los avances en el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay

La detención de alias Gabriela se produjo tras un operativo conjunto de uniformados de la Policía y agentes del CTI en Florencia, donde le incautaron un teléfono móvil y dinero en efectivo. Desde su captura, permaneció en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, un centro transitorio para judicializados, hasta su reciente traslado al centro penitenciario El Buen Pastor, en Bogotá.
El proceso judicial también avanza contra otros implicados. El pasado sábado 4 de octubre, la Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, a quien se le imputa homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
De acuerdo con el ente acusador, “se le atribuye haber conducido y puesto a disposición un vehículo utilizado previamente para reconocer el lugar en el que se perpetró el crimen, trasladar a otros involucrados en el atentado y entregar el arma de fuego al adolescente que disparó contra la víctima. Por esta posible participación en el plan criminal le habrían ofrecido una contribución de cinco millones de pesos”.
La semana anterior, Mora González fue condenado en otro proceso y se le imputó el delito de porte y tráfico de armas, tras ser capturado en febrero de 2024 con 11 cartuchos de fusil calibre 5,56 mientras se desplazaba en un vehículo relacionado con un caso de estafa en la zona rural de Florencia, Caquetá.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de 7 años de privación de la libertad para el menor involucrado en el asesinato del senador.
Durante la audiencia ante el juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el imputado admitió los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, señaló la Fiscalía en el proceso.
El desarrollo del juicio ya se encontraba en una etapa avanzada bajo los delitos mencionados cuando ocurrió el fallecimiento de la víctima. Por ello, las normativas aplicables al juzgamiento de menores impidieron sumar el cargo de homicidio agravado, reafirmando así que la sanción debía calcularse únicamente sobre los primeros delitos aceptados.
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