Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia de 2002 a 2010, aseguró que los fallos en su contra le han desatado “rabia política”.
El pronunciamiento del exmandatario colombiano se debe a que el Juzgado Tercero de Medellín compulsó copias a la Fiscalía para que se le investigue a él y su hermano (Santiago Uribe) por el asesinato de los abogados Eduardo Umaña y José María Valle.
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“Qué rabia política en fallos contra mí, basta ver las personas que supuestamente estábamos en esa reunión, además del sitio, para concluir como concluyó la Fiscalía en la época que esa declaración fue mentirosa“, indicó Uribe Vélez.
El líder del Centro Democrático se defendió al afirmar que “después asesinaron a Villalba, trataron de acusarme, nada dijeron cuando se supo la realidad de ese crimen. El doctor Narváez fue declarado insubsistente, lo hice por solicitud de su jefe, el entonces director del DAS”.
El expresidente Uribe aseguró en su mensaje que los fallos en su contra se estaría instrumentalizando la justicia.
“El mentor de la juez, un tiempo fiscal, Pinilla Cogollo, fue integrante del M19, declarado enemigo mío desde la juventud. Ha utilizado la justicia para matar la moral de quienes hemos podido sobrevivir al atentado terrorista”, indicó Uribe Vélez.
Nuevo rechazo de Álvaro Uribe
En otra publicación, Álvaro Uribe rechazó los señalamientos y cuestionó la validez del testimonio de Francisco Villalba, enfatizando lo que considera inconsistencias en la decisión judicial.
“¿Por qué la jueza trae datos diferentes a la declaración de Villalba?”, inició Uribe en su pronunciamiento. El exmandatario planteó que la resolución judicial se basa en contradicciones, comenzando por la supuesta presencia de altos mandos militares y de policía en una reunión clave. “Villalba mencionó como asistente al General Manosalva quien había fallecido meses antes. La jueza cita al General Ospina”, indicó.
Sobre el objetivo de la reunión referida, Uribe expuso: “La jueza se refiere al asesinato de los abogados Valle y Umaña”. En ese sentido, el expresidente resaltó diferencias entre el testimonio de Villalba y lo consignado en la decisión judicial.
Uribe también mencionó que, según Villalba, la reunión tuvo lugar en la Caucana y que él habría llegado al sitio en un campero Nissan cuando ejercía la Gobernación de Antioquia.
Al respecto, el exgobernador manifestó: “La Caucana es uno de los sitios de Antioquia que Álvaro Uribe como Gobernador nunca visitó. Habría tenido que ir en helicóptero como se movilizó de gobernador por el orden público”. A esto agregó: “Además el Gobernador siempre estaba acompañado de la seguridad. Nunca se apartó de ellos”.
En su declaración, Uribe negó la existencia de un supuesto secuestro de un primo suyo, tema mencionado en el proceso. “Ese secuestro no existió”, afirmó.
Adicionalmente, refutó que su hermano Santiago Uribe haya llevado a 20 paramilitares al sitio y señaló una confusión en los nombres: “Villalba dijo que Santiago Uribe, hermano del Gobernador, llevó 20 paramilitares. Además confundió a Santiago con El Pecoso”.
Cerró su publicación desmintiendo que hubiese otorgado condecoraciones por esos episodios: “Villalba dijo haber sido condecorado por Álvaro Uribe por el éxito de la masacre del Aro”.
Quiénes fueron Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza
El pronunciamiento de Álvaro Uribe Vélez ocurre tras la determinación del Juzgado Tercero de Medellín, la cual implica la apertura de una investigación formal por el asesinato de Eduardo Umaña y José María Valle, asesinatos que fueron atribuidos inicialmente a estructuras paramilitares por parte de testigos como Francisco Villalba.
Jesús María Valle se desempeñó como abogado y docente universitario. Se destacó por señalar públicamente la relación entre grupos paramilitares y ciertos sectores estatales en relación con masacres ocurridas en Antioquia. Valle fue asesinado en febrero de 1998, poco tiempo después de haber realizado estas denuncias, lo que lo convirtió en una figura emblemática de la defensa de los derechos humanos en Colombia.
Eduardo Umaña Mendoza, también abogado y reconocido defensor de derechos humanos, fue asesinado en su lugar de trabajo en 1998. Tras su muerte, se conoció que había recibido amenazas y que existía un plan en su contra, en el que estaban involucrados integrantes de organismos estatales. Camilo Umaña Hernández, su hijo, manifestó a Cambio la sorpresa ante la reciente decisión judicial y su deseo de que la investigación avance tras más de veinte años sin avances claros.
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