La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se refirió públicamente a las manifestaciones que se realizaron contra la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), luego de que colectivos sociales señalaran al gremio de tener nexos con la misión económica de Israel en el país.
Los hechos ocurrieron después de la detención, por parte de fuerzas israelíes, de una flotilla con ayuda humanitaria rumbo a Gaza, en la que viajaban las ciudadanas colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto.
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Frente al clima de tensión social generado por estos acontecimientos, la Defensoría del Pueblo emitió un mensaje claro a la opinión pública, pues su directora expresó que “la protesta es un derecho, pero también conlleva responsabilidades y límites: debe ser pacífica y no generar estigmatización”.
De esta manera, defendió el derecho a la movilización, pero recalcó que esta no puede traducirse en actos de violencia o ataques contra sectores específicos de la sociedad civil o empresarial.
Las palabras de la defensora respondieron a una serie de incidentes que incluyeron mensajes agresivos en redes sociales y daños a instalaciones físicas de la Andi en varias ciudades del país.
Algunos grupos, como el colectivo Global Movement To Gaza Colombia, acusaron a la agremiación empresarial de “posicionarse públicamente contra el fin del TLC y el comercio de carbón”, así como de mantener “vínculos directos con la misión económica de Israel en Colombia”.
Defensoría del Pueblo rechaza violencia contra gremios empresariales
La institución, por su parte, publicó un comunicado en el que reiteró su posición frente a las protestas, en dicho documento, se afirmó: “Las agresiones contra Palestina motivaron también órdenes de captura de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí por la presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La protesta pacífica es un derecho constitucional y, lejos de ser condenable o negativa, constituye una manifestación legítima de la libertad de expresión, pilar fundamental de toda democracia”.
En su mensaje, la defensora Marín resaltó la importancia de mantener la protesta dentro de los márgenes constitucionales. “El rechazo a los crímenes de guerra y de lesa humanidad que ocurren en Colombia, en contra del pueblo palestino y en todo el mundo no deberían separarnos, sino unirnos. Ese es el espíritu de fraternidad de los derechos humanos”, expresó de manera textual en su cuenta de X.
El comunicado también abordó directamente las acusaciones contra el gremio empresarial: “Dichas protestas parten de la consideración de que todo el gremio empresarial que confluye en dicha asociación cohonesta con los crímenes que ocurren en Gaza. En estas condiciones, la protesta estigmatizó al sector empresarial como cómplice de los crímenes en curso contra el pueblo palestino”.
Además, la entidad hizo referencia a los excesos en algunas de las manifestaciones recientes, al señalar que: “Algunas de las expresiones de las protestas fueron excesivas, al incurrir en daños contra bienes públicos y privados. Estos actos, por su propia naturaleza, afectan la conciencia colectiva de la humanidad: no solo agreden a quienes los sufren directamente, sino que hieren a la humanidad en su conjunto”.
La Andi, en respuesta a las manifestaciones, aseguró a través de su presidente, Bruce Mac Master, que rechazan los crímenes cometidos en la franja de Gaza. Desde el gremio se insistió en que no existe relación alguna con acciones que atenten contra los derechos humanos, y que sus principios promueven el respeto por la dignidad humana y la legalidad internacional.
La Defensoría del Pueblo reiteró que el derecho a la protesta no debe confundirse con el permiso para atacar o estigmatizar: “Expresar solidaridad con el pueblo palestino es coherente con el espíritu de los derechos humanos, así como con la condena internacional al genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad”.
Con este pronunciamiento, la organización buscó no solo defender el ejercicio de la protesta, sino proteger a los sectores que puedan verse injustamente señalados o afectados por actos que exceden los límites de la manifestación pacífica.
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