La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha iniciado un proceso de recuperación sobre el predio Santa Helena, una extensión de 666 hectáreas en Baraya, Huila, que fue entregada el 30 de diciembre de 2024 a 31 familias campesinas agrupadas en la Asociación de Víctimas del Conflicto Camino por la Paz de Baraya (Arcopaz).
La medida responde a denuncias ciudadanas que señalan que Amir Cardozo Tovar, hermano del alcalde del municipio de Baraya, estaría beneficiándose indebidamente de las tierras al permitir que ganaderos externos utilicen el terreno para la cría de ganado, en aparente contravención de las condiciones establecidas en la entrega.
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Según información obtenida por El Espectador, la situación podría desembocar en la revocatoria de la asignación y la restitución del predio al Estado, en un caso que pone en entredicho la transparencia de la reforma agraria en la región.
El acuerdo de entrega, firmado por representantes de la ANT y de la comunidad, establecía 17 condiciones para el uso adecuado de la tierra, entre ellas la prohibición de ceder, arrendar o transferir los derechos sobre el predio sin autorización expresa de la ANT, así como la obligación de que la explotación se realizara directamente por los beneficiarios.
No obstante, la veeduría ciudadana sostiene que estas disposiciones se habrían incumplido, señalando a Amir Cardozo como responsable de facilitar el uso del terreno para el engorde de ganado de terceros, lo que generaría beneficios económicos personales y vulneraría el espíritu de la política agraria.
Las pruebas presentadas ante las autoridades incluyen imágenes de ganado en el predio y un video en el que Cardozo reconocería públicamente la recepción de animales de una persona adinerada.
En la grabación, Cardozo afirma: “Sí, le estoy recibiendo ese ganado a una persona adinerada, porque una persona pobre no nos va a dar ese ganado”. Además, detalla que ha recibido 76 animales bajo la modalidad de “mayor valor”, un sistema en el que el propietario de las reses las entrega a otra persona para su levante o subasta, con el objetivo de compartir las ganancias.
Cardozo también admite que, hasta el momento, Arcopaz solo ha adquirido “dos vacas y dos caballos” con recursos propios, lo que refuerza la dependencia de capital externo para la explotación del predio.
Consultado por El Espectador, el alcalde de Baraya, Luis Enrique Cardozo Tovar, negó tener conocimiento de las presuntas irregularidades y delegó la respuesta en Carlos Alberto Aroca, secretario de Planeación municipal.
Aroca sostuvo que la administración local carece de información sobre el caso, argumentando que la ANT aún no ha constituido el Comité de la Reforma Agraria necesario para el seguimiento de estos procesos.
“Por el momento nosotros no tenemos información sobre eso, porque la Agencia Nacional de Tierras todavía no ha establecido ni siquiera el Comité de la Reforma Agraria que ellos deben activar. La Administración Municipal ha hecho esa solicitud, que lleva bastante tiempo”, explicó el funcionario.
Añadió que, sin un comité de seguimiento, el municipio no puede controlar el uso interno de las tierras ni ha recibido notificaciones de la ANT para acompañar o supervisar la gestión del predio.
La ANT, por su parte, refutó la versión de la Alcaldía. Lester Fabián Garrido Arenas, representante de la Unidad de Gestión Territorial de la entidad en Huila, precisó a El Espectador que sí existen comités de seguimiento en el departamento, con 25 instancias ya conformadas, aunque aclaró que estos no deciden sobre la compra o adjudicación de tierras, sino que se enfocan en la implementación estratégica de la reforma agraria.
“El más grave es ceder parcialmente la explotación del predio para que un tercero se beneficie, y que el responsable de eso sea el hermano del alcalde”, señaló el funcionario al diario nacional.
Garrido Arenas detalló que la entrega provisional a Arcopaz ha estado llena de confrontaciones y presuntos incumplimientos de las obligaciones, cuyo objetivo es garantizar que la tierra beneficie exclusivamente a la población campesina sin tierra, y no a terceros.
Hasta el momento, Arcopaz no ha emitido pronunciamientos públicos sobre el caso. Sin embargo, la ANT ya ha tomado la decisión de avanzar en la recuperación del predio, en medio de las investigaciones abiertas tras la denuncia de la veeduría ciudadana, según información conocida por El Espectador.
La entidad argumenta que el terreno “estaría siendo utilizado presuntamente como un negocio en favor de particulares”, lo que contraviene los principios de la reforma agraria y podría sentar un precedente en la gestión de tierras en Huila.
De confirmarse el uso indebido, las 666 hectáreas entregadas a las familias campesinas de Baraya menos de un año atrás dejarían de estar bajo su control y retornarían a la administración estatal.
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