El escándalo por el presunto desvío de millonarios recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) tendría en el centro de la trama a la senadora Martha Peralta y a Germán Rafael Mejía Sierra, conocido como “Manchy Mejía” y suegro de Olmedo López.
Ambos habrían sido piezas clave en la adjudicación de contratos en La Guajira, señalada como el epicentro del entramado de corrupción que hoy salpicaría a congresistas, ministros y altos funcionarios del Estado.
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La Guajira, epicentro del caso
De acuerdo con testimonios recogidos por Caracol Radio, el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y su exsubdirector, Sneyder Pinilla, habrían señalado que en La Guajira se manipularon contratos de ayudas humanitarias para favorecer intereses políticos.
En esas declaraciones, López habría mencionado a la senadora Martha Peralta como pieza central en la escogencia de contratistas, y a Manchy Mejía como operador clave en la ejecución de programas sociales, aprovechando su influencia política y sus vínculos familiares.
Los señalamientos contra Martha Peralta
De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, Peralta habría intervenido en contratos de alto valor. Uno de los más polémicos sería el de 1.626 jagüeyes, por $74.984 millones.
Una fuente en la región aseguró que Santander López Sierra, conocido como “el hombre Marlboro”, habría recomendado a los contratistas Francisco Riscala Lozano y Jorge Riscala Mudvi, de la empresa IRL SAS. Según las declaraciones de López, Peralta habría sido quien los presentó ante la Ungrd.
La fuente citada también indicó que la senadora habría gestionado contratos de pavimentación de vías en Monguí, de infraestructura en Cotoprix y de ollas comunitarias.
En este último caso, la cifra habría sido desproporcionada: en La Guajira se habrían destinado $61.650 millones para 470 ollas, aunque en varios municipios nunca se habrían visto los recursos.
Incluso, fuentes consultadas por el medio citado señalaron que Nicolás Petro, hijo del presidente, habría pedido a Peralta que seleccionara las comunidades beneficiarias de las ayudas, dado su conocimiento de la región.
El rol de “Manchy Mejía”
Según la información consultada, el suegro de Olmedo López, Manchy Mejía, también habría jugado un papel decisivo.
Su hija, María Alejandra Mejía, fue directora de la Ungrd en Uribia y expareja de López, lo que habría facilitado la injerencia familiar en el reparto de contratos.
La cuñada de Mejía, Inés Mercedes Quintana Gómez, habría asumido la operación de las ollas comunitarias en municipios como Albania, Barrancas, Dibulla, Hatonuevo, Manaure, Riohacha, Fonseca, San Juan del César, Distracción, Maicao y Uribia, a través de la Asociación de Madres Trabajadoras. Según pobladores, en varios de esos municipios nunca habrían recibido la ayuda prometida.
Un escándalo de alcance nacional
El esquema descrito en La Guajira también se habría replicado en departamentos como Santander, Boyacá, Arauca, Sucre, Bolívar y Córdoba, mostrando un patrón de desviación de recursos públicos con fines políticos.
El escándalo ya tendría bajo la lupa a once congresistas y tres ministros. Hasta ahora, se ha reportado la captura del expresidente del Senado, Iván Name; del expresidente de la Cámara, Andrés Calle; y de la exconsejera de Regiones, Sandra Ortiz. Permanecerían prófugos el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, y el exdirector de Función Pública, César Manrique.
Chats revelarían conexión con la reforma pensional
En paralelo, la emisora Blu Radio difundió nuevos elementos que comprometerían a Peralta en otro frente: chats con Olmedo López durante el trámite de la reforma pensional en junio de 2023.
En esas conversaciones, la senadora le pedía a López acudir a la Comisión Séptima del Senado y abrir espacio con otros congresistas en pleno debate de la reforma.
El 15 de junio, Peralta le envió un contrato destinado a Puerto Concordia (Meta), que según López habría correspondido a la senadora Berenice Bedoya.
Días después, López remitió a Peralta un listado con perfiles laborales.
El 23 de junio, ella le contestó: “ya consensuamos con los compañeros”.
Blu Radio estableció que doce personas de esa lista fueron contratadas en las semanas siguientes en la Ungrd, Fiduprevisora y los ministerios de Hacienda e Interior.
López aseguró que la orden era “ponerse a disposición de la senadora Peralta” y que el objetivo era “tener satisfechos a los congresistas para que votaran”.
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