Las protestas a favor de Palestina, registradas en Bogotá el jueves 2 de octubre de 2025, provocaron daños severos en un CAI de la Policía, afectaciones a comercios de la zona, la suspensión de servicios de TransMilenio y motivaron una advertencia del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien responsabilizó al presidente Gustavo Petro por la violencia desatada durante la manifestación.
En ese contexto, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció en su cuenta de X que “Juan Camilo Villalobos, una de las personas que convocó el hostigamiento contra la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) ayer en Bogotá, es contratista de la Presidencia de la República. Aun así, amigos del gobierno antiempresa dicen que lo de ayer fue una ‘acción espontánea del movimiento social’”.
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La denuncia de Briceño incluyó la presentación de la certificación periódica de actividades correspondiente a los contratistas por prestación de servicios, donde consta que Villalobos Forero mantiene un contrato vigente con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) hasta el 31 de diciembre de este año, para prestar servicios en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.
El concejal también reveló que el funcionario percibe más de $9.000.000 mensuales, y que en el informe de ejecución contractual se adjuntó una imagen que, según Briceño, “literalmente los colombianos le pagan por hacer activismo pro-Palestina”.
La Procuraduría General de la Nación desplegó el 3 de octubre de 2025, a las 2: 00 p. m., un equipo especial en las instalaciones del Dapre, tras las recientes denuncias que involucran a un funcionario del Gobierno Petro en la organización de protestas a favor de Palestina.
El detonante de esta intervención fue la escalada de una manifestación inicialmente pacífica por la situación en Gaza, que derivó en disturbios y episodios de violencia, con graves daños en el CAI de la Policía en la avenida Chile (calle 72) y afectaciones a propiedades privadas en el norte de Bogotá.
De acuerdo con información de Semana, los funcionarios de la Procuraduría buscan esclarecer el posible nexo entre la Presidencia y Juan Camilo Villalobos, señalado como uno de los convocantes del “hostigamiento” contra la Andi ocurrido horas antes.
Ahora el organismo se propone determinar la naturaleza de la relación entre Villalobos y la Presidencia de Gustavo Petro, así como establecer si existió alguna falta disciplinaria en la supuesta convocatoria de las movilizaciones pro-Palestina, tal como lo denunció el concejal del Centro Democrático.
Alcalde de Bogotá reclama al Gobierno claridad sobre vandalismo en marchas
La ausencia de una postura oficial del Gobierno nacional frente a los recientes episodios de violencia en las protestas de Bogotá generó inquietud en la administración local. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, señaló que, hasta el momento, no ha recibido respuesta del Ejecutivo central por estos hechos. “No he conocido ninguna respuesta”, afirmó, subrayando la falta de pronunciamiento institucional.
A su vez, explicó que la administración distrital se encuentra en la obligación de garantizar el derecho a la protesta, pero también debe intervenir cuando se presentan situaciones violentas. Detalló que, hasta la fecha, se han realizado 123 intervenciones con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), lo que equivale a una acción aproximadamente cada cinco días.
El alcalde precisó que la instrucción a la fuerza pública solo se emite cuando los gestores de diálogo informan que se han agotado todas las instancias de mediación. “Ayer a las 16:40 dimos la instrucción a la Policía de actuar, y así se hizo con tanquetas”, relató a La FM.
Sobre los límites legales de la protesta, Galán recordó que la Corte Constitucional determina que estas movilizaciones pueden implicar alteraciones del orden público, aunque las autoridades deben actuar siempre dentro del marco legal. “No podemos llevar a la Policía a situaciones donde se les acuse de abuso de autoridad”.
De igual manera, el mandatario distrital insistió en la responsabilidad de quienes convocan las marchas de rechazar cualquier acto violento que se produzca durante su desarrollo. Según sus palabras, “si no los rechazan, generan una dinámica de connivencia con esos hechos de violencia”.
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