Fiscalía acusó a Carlos Caicedo por presuntas irregularidades en millonario contrato del Coliseo de Gaira

El Coliseo Deportivo de Gaira, en Santa Marta, fue concebido como un escenario moderno que debía estar listo para recibir parte de los XVIII Juegos Bolivarianos. En su momento, la obra fue presentada como un símbolo del progreso local. Sin embargo, casi una década después, lo que queda en la memoria es una cadena de retrasos, sobrecostos y cuestionamientos judiciales que hoy ponen al exalcalde y exgobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar en el banquillo de los acusados.

La Fiscalía General de la Nación formuló acusación en su contra por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. La investigación apunta al contrato de obra N.° 480, firmado el 28 de octubre de 2015, cuyo objeto era la remodelación del Coliseo de Gaira. Aunque el valor inicial ascendía a $2.682 millones, la cifra terminó trepando hasta más de $4.022 millones, gracias a una adición presupuestal que, según los fiscales del caso, no contaba con los debidos soportes técnicos.

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El contrato fue pactado con un plazo de apenas dos meses y tres días, algo que los investigadores calificaron como “abiertamente insuficiente” para la magnitud del proyecto. Ese calendario inicial pronto se volvió irrealizable y se sucedieron cinco prórrogas que, en conjunto, añadieron 525 días. Lo que debía estar terminado en diciembre de 2015 solo pudo entregarse el 11 de abril de 2019, y la liquidación definitiva tardó todavía más, llegó el 7 de marzo de 2022.

La sucesión de mandatarios no ayudó a disipar la incertidumbre. Caicedo dejó la alcaldía y Rafael Martínez recibió la responsabilidad de finalizar la obra, pero tampoco logró sacarla adelante con normalidad. Más tarde, Virna Johnson asumió la administración y heredó un coliseo inconcluso, a pesar de las reiteradas inyecciones de recursos. En el camino, el proyecto pasó de ser una promesa deportiva a convertirse en un lastre administrativo.

Los hallazgos de la Fiscalía General de la Nación detallan una serie de fallas graves. Entre ellas, la ausencia de estudios previos idóneos, la carencia de una licencia de construcción, que se obtuvo casi dos años después de la firma del contrato, y un proceso de planeación que estableció plazos contractuales poco realistas. Además, los investigadores advierten que los pliegos de condiciones habrían estado diseñados para favorecer a un contratista específico, lo que sumado a las inconsistencias financieras derivó en un presunto detrimento patrimonial de $690 millones.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia consolidó el expediente con estos elementos probatorios, y ahora el caso avanza hacia el juicio. Por disposición de un juez penal del circuito de Bogotá, la audiencia preparatoria quedó fijada para el 3 de diciembre.

El proceso judicial revive las críticas a la gestión de Caicedo en materia de contratación pública. Aunque durante su paso por la Alcaldía de Santa Marta impulsó proyectos de infraestructura con apoyo del Gobierno nacional, varias de esas iniciativas son objeto de cuestionamientos por la manera en que fueron ejecutadas. La Fiscalía insiste en que las investigaciones buscan garantizar la transparencia en el uso de los recursos del Estado y recuerda que la acusación se formula “en atención al interés general”.

El caso del Coliseo de Gaira, más allá de las cifras y las fechas, refleja cómo una obra que debía levantar el ánimo deportivo de una ciudad puede terminar convertida en un símbolo de desconfianza. Lo que para muchos habitantes representaba la oportunidad de ver a Santa Marta proyectada internacionalmente, terminó siendo un ejemplo de cómo los proyectos mal planeados arrastran consecuencias económicas y legales que se sienten durante años.