
La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a Mauricio Alonso Zuleta Estrada, exsubsecretario técnico de la Secretaría de Movilidad de Medellín, por presuntas irregularidades relacionadas con el contrato interadministrativo 4198703, suscrito en junio de 2023 entre esa dependencia y la empresa Metroplús S.A..
Con esta imputación, ya serían 44 los incriminados en siete diferentes procesos que adelanta el ente de control en contra de funcionarios de la alcaldía de Daniel Quintero, que también se encuentra involucrado en serias investigaciones.
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Al respecto, el actual alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, se despachó en contra de los imputados y envió un mensaje sugerente en el que sí expresó que “se robaron Medellín”.

“Uno más. Ya son 44 los imputados por corrupción por la Fiscalía. Ahí está incluido el jefe de la banda. Crearon una estructura criminal para robarse a Medellín. Que Colombia entera lo sepa. Se robaron a Medellín. Bandidos corruptos”, escribió el gobernante municipal.
Pero no se quedó en ese mensaje. A los minutos volvió a escribir otro trino sobre el caso, en el que pidió que se evalúe la magnitud de las investigaciones que envuelven a un gran porcentaje de los servidores que trabajaron en la administración de Quintero, que están rodeados del escándalo.
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“No es normal”: la insistencia de Fico Gutiérrez ante los escándalos judiciales de la administración Quintero en Medellín
Dijo que, incluso, se trata de un problema de “moral” y reitero que la capital del departamento de Antioquia fue “robada”.
Dijo: “Colombia entera tiene que entender que esto no es normal. Se robaron a Medellín. Crearon una estructura criminal para robarse a Medellín. Esto no es un tema sobre las ideologías. Es una discusión alrededor de la moral”.

Detalles de las nuevas imputaciones
Esta nueva imputación en torno a contrataciones bajo la administración del entonces alcalde Daniel Quintero Calle involucra también al exsecretario de Movilidad, coronel (r) Juan Carlos Torres Ojeda, y a los contratistas Rubén Darío López Giraldo y Santiago Fernando Ortega Mateos, que ya habían sido formalmente imputados por hechos que ocurrieron poco antes de que entrara en vigor la ley de garantías electorales.
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De acuerdo con la investigación del ente acusador, Zuleta Estrada habría tenido un papel relevante en la tramitación exprés del contrato, valorado en $15.053 millones, pese a que no existían estudios previos, diagnósticos técnicos ni las publicaciones completas exigidas en la plataforma Secop II.
La Fiscalía resaltó además las dudas surgidas a raíz de una reunión virtual realizada el 29 de junio de 2023 a las 18:45, horas antes de la entrada en vigor de las restricciones legales para la contratación pública.
Zuleta fue incluido en el comité de planeación del contrato en su calidad de subsecretario técnico, sin que existan registros de participación suya en las etapas previas de preparación.
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En aquella sesión, considerada por la Fiscalía como una integración “exprés”, se le asignaron funciones claves para la concreción del proceso contractual.
La investigación sostiene que la contratación con Metroplús S.A. fue avalada por el entonces secretario Torres Ojeda mediante una resolución que justificó la contratación directa, sin observar los requisitos normativos. Se argumentó un supuesto error en la plataforma SECOP II, lo que habría sido posteriormente desmentido por Colombia Compra Eficiente.

Con esta decisión, ya son cuatro los funcionarios y contratistas formalmente investigados por la adjudicación de ese contrato de mantenimiento vial, rubricado en la recta final del periodo administrativo de Quintero Calle y a escasas horas de la aplicación de la ley de garantías electorales, detalló Caracol Radio.
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Mientras tanto, Daniel Quintero sigue enfocado en su precandidatura presidencial, bajo la sombrilla política del Pacto Histórico, y en sus redes no se ha pronunciado oficialmente sobre las novedades de los casos de contrataciones presuntamente irregulares.
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