La crisis que atraviesa la Nueva EPS ha quedado expuesta no solo en cifras, sino también en escenas de tensión como la que se vivió recientemente en una de sus sedes, donde una usuaria protagonizó un altercado al reclamar, entre gritos y golpes, la demora en la autorización de un trámite que llevaba tres meses sin resolverse.
En el video difundido en Tiktok por la cuenta @loremg0313, la mujer exigía explicaciones y solicitaba ser trasladada a otra entidad. “Tres meses y medio llevo (...) autoricen, mi mamá se esta muriendo por culpa de ustedes, porque saben que la EPS se esta acabando. Para qué hijueputas autorizan, pues no autoricen, digan que no y punto. Mándenme para otro lado, donde sí me atiendan”, mientras otras personas que observaban la escena intervienen para contener la situación.
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Con una base de 11,5 millones de afiliados, la Nueva EPS se posiciona como la principal administradora de servicios de salud en Colombia. Sin embargo, su funcionamiento ha sido objeto de un exhaustivo análisis por parte de la Contraloría General de la República (CGR), que en su informe del 1 de agosto examinó la situación financiera y operativa de la entidad entre diciembre de 2022 y marzo de 2025.
El informe de la CGR reveló que, de los 3.700 IPS contratistas, solo 36 concentraron el 40 % de los pagos, es decir, $5,2 billones de un total anual de $12 billones.
Este dato, que ya había sido señalado por el presidente Gustavo Petro, pone de manifiesto una alta concentración en la distribución de recursos.
Uno de los hallazgos más significativos del informe es el rezago en la facturación, con 22 millones de facturas sin procesar. Este retraso se atribuye a la complejidad del trámite, ya que procesar cada Registro Individual de Prestaciones de Salud (RIPS) requiere hasta 145 campos y 90 datos distintos.
Además, en cada liquidación deben descontarse anticipos, copagos, glosas, devoluciones y posibles fraudes, lo que complica aún más el proceso.
No obstante, la CGR aclaró que la falta de procesamiento de facturas no equivale necesariamente a ocultamiento de información.
Además, se identificó que nueve de los 22 millones de facturas sin procesar eran repetidas, lo que podría deberse a insistencias de las IPS en el cobro o a intentos fraudulentos de obtener doble pago por un mismo servicio.
En el plano financiero, la CGR constató que el patrimonio de la Nueva EPS pasó de $4,8 billones en diciembre de 2022 a menos $6,7 billones en junio de 2025, acumulando una pérdida de $11,5 billones, la mayor parte de ellas tras la intervención estatal.
A pesar de ello, el organismo fiscalizador reconoció que los pasivos de 2022 ascendían a $5,4 billones, tal como reflejaban los balances publicados, y que no existían “pasivos ocultos”.
El informe también documentó un aumento exponencial de la deuda: de $11,7 billones en 2023 a $18,3 billones en 2024 y $21,3 billones en marzo de 2025, con una proyección de $26,3 billones para diciembre de 2025.
En el ámbito judicial, el 25 de junio de 2025, la Fiscalía presentó un escrito de acusación contra el exgerente de la Nueva EPS, quien ocupó el cargo durante quince años, y contra algunos de sus colaboradores inmediatos.
El documento de la Fiscalía no hace referencia a los denominados “pasivos ocultos”, lo que podría deberse a que no los consideró relevantes, a que no constituyen delito o a la falta de pruebas aportadas por el Ministerio.
En cambio, la acusación se centra en posibles delitos por manipulación de cifras contables para generar utilidades artificiales por más de 70 mil millones de pesos. No obstante, no se señala apropiación privada de estos recursos, sino que las utilidades se habrían utilizado de manera indebida para cubrir pérdidas de la propia entidad.
Más allá de las cifras de la Nueva EPS, que a los ojos del público son un mal invisible, lo que preocupa es el deterioro en la atención y es que según el informe de la Contraloría entre 2022 y 2025 las quejas aumentaron un 152 % y las tutelas un 191 %.
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