Nuevo escándalo en el Icetex denunció Catherine Juvinao: contratos por $18.000 millones se adjudicarían “a dedo”

El Icetex, entidad financiera estatal dedicada a ofrecer créditos y oportunidades académicas a jóvenes en Colombia, enfrenta cuestionamientos tras la inminente adjudicación de un contrato millonario por 18.000 millones de pesos para el desarrollo de una aplicación móvil transaccional.

La controversia, revelada por la congresista Catherine Juvinao y confirmada por Semana, ha generado inquietud por presuntas irregularidades y posibles sobrecostos en el proceso de contratación.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con información obtenida por Semana, el contrato busca la creación de una solución tecnológica que permita a los usuarios del Icetex acceder, gestionar y realizar transacciones de manera segura y eficiente desde cualquier lugar.

La aplicación integraría servicios financieros, educativos y de acompañamiento institucional, y estaría dirigida tanto a usuarios internos como externos de la entidad.

El proceso de solicitud de información a proveedores se publicó el 30 de julio y se cerró el 4 de agosto, en un plazo que incluyó un fin de semana, lo que ha sido motivo de críticas por la aparente falta de transparencia y apertura a la competencia.

Catherine Juvinao, congresista de la Alianza Verde, ha sido una de las voces más críticas frente al proceso.

Según sus declaraciones recogidas por Semana, expertos consultados por su equipo estiman que el desarrollo de la aplicación no debería superar los seiscientos millones de pesos, cifra muy inferior a los 18.000 millones previstos en el contrato.

“De 600 millones quieren entregar a dedo 18.000 millones”, afirmó Juvinao, quien además cuestionó la ausencia de una convocatoria pública para recibir propuestas de diferentes empresas interesadas. La congresista señaló que el anexo técnico del proceso presenta “múltiples inconsistencias técnicas graves” y sugirió que el contrato podría estar dirigido a un beneficiario específico.

La rapidez del proceso también ha sido objeto de denuncia.

Juvinao indicó que la solicitud de cotización se mantuvo abierta solo durante cinco días, incluyendo un fin de semana, lo que, en su opinión, dificultó la participación de potenciales oferentes y redujo la visibilidad del proceso.

“La entidad solo publicó una solicitud de cotización el miércoles, 30 de julio, y la cerraron el lunes, 4 de agosto. Muy poquito tiempo y con el fin de semana atravesado, como para que nadie se diera cuenta”, declaró la congresista a Semana.

Ante las críticas, el Icetex emitió un comunicado de prensa en el que rechazó las acusaciones de irregularidades en la contratación, asegurando que las informaciones que circulan no reflejan la realidad del proceso.

Sin embargo, Juvinao insistió en que el contrato de la aplicación móvil sería solo el primero de varios procesos cuestionables.

“Presidente Urquijo, déjeme decirle que la primera irregularidad que estarían a punto de cometer es el contrato de esta App y hay mucho más. Muy pronto el país lo sabrá”, advirtió la congresista en declaraciones recogidas por Semana.

El contexto se complica con la revelación de que el Icetex contempla la adjudicación de otros dos contratos por 160.000 millones de pesos y 120.000 millones, según información verificada por Semana.

Estos procesos, sumados al actual, han incrementado la preocupación sobre el manejo de los recursos públicos en la entidad, especialmente en un momento en que su situación financiera ha sido objeto de debate y el presidente Gustavo Petro prometió fortalecerla durante su campaña.

Frente a este panorama, Juvinao ha solicitado la intervención de la Procuraduría General de la Nación para que supervise el proceso contractual y actúe en caso de encontrar irregularidades.

La congresista espera que el órgano de control pueda frenar la adjudicación si se confirman las denuncias presentadas.

La magnitud de las alertas sobre la gestión contractual en el Icetex ha llevado a Juvinao a manifestar su preocupación por el rumbo de la entidad, en un momento en que la transparencia y la confianza pública se ven especialmente comprometidas.