El debate sobre la reforma a la salud en Colombia escaló tras la advertencia hecha por el Ministerio de Salud y Protección Social: la ponencia alternativa presentada en el Congreso podría implicar que más de 60 billones de pesos provenientes de los impuestos de los ciudadanos terminen en manos de las EPS durante los próximos cinco años.
Esta cifra, según el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, representa un riesgo para la sostenibilidad financiera del sistema y un retroceso en la garantía del derecho fundamental a la salud.
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El comunicado oficial de la cartera de Salud expone que la propuesta alternativa, radicada por la senadora Norma Hurtado ante la Comisión Séptima, mantiene la intermediación financiera y el manejo discrecional de los recursos públicos por parte de las EPS.
El ministro subrayó que, pese a los informes oficiales que evidencian la creciente insolvencia financiera de estas entidades, su ineficiencia en la gestión del gasto y la acumulación de deudas con hospitales, clínicas y proveedores, la ponencia alternativa perpetúa un modelo que concentra los recursos sin controles efectivos.
Jaramillo detalló que los 60 billones de pesos se recaudarían a través de impuestos saludables, el IVA social y un punto del PIB en los próximos cinco años.
Según sus palabras, “esto significaría perpetuar un modelo de intermediación que concentra y devora los recursos sin controles efectivos, acelerando el colapso del sistema de salud y dejando en segundo plano la atención oportuna, la prevención y la vida de los colombianos”, tal como denunció en el comunicado difundido por el ministerio.
El análisis de la cartera advirtió que la ponencia alternativa obligaría al Estado a responder por cualquier exceso en el gasto que tengan las EPS por Unidad de Pago por Capitación (UPC) o por presupuestos máximos.
La Adres debería registrar estos excesos sin auditoría en sus pasivos y el Ministerio de Hacienda tendría que responder en un plazo máximo de 30 días calendario. De acuerdo con el ministerio, “60 billones de los impuestos de los colombianos irían a las EPS para el pago de sus deudas, y no a la prestación de salud”.
Entre las alertas planteadas, el Ministerio señala que el Consejo Nacional de Salud, de naturaleza consultiva, asumiría funciones constitucionales propias de la cartera en temas clave como el plan de beneficios, tecnologías y la UPC.
Además, el Estado financiaría el patrimonio de entidades privadas a través de la UPC, que dejaría de ser una prima para garantizar la financiación de servicios y tecnologías en salud, y pasaría a fortalecer el patrimonio de los privados.
La validación final del cálculo de la UPC recaería en una universidad extranjera, según lo estipulado en el articulado de la ponencia alternativa. El ministerio también denunció que la propuesta privilegia a las EPS insolventes, permitiendo que reciban el pago de sus deudas con recursos públicos durante cinco años, lo que, en palabras del comunicado, “aceleraría el colapso del sistema de salud”.
Otra de las críticas apunta a la “chequera ilimitada” para las EPS, ya que el Estado estaría obligado a cubrir cualquier exceso en el gasto sin auditoría previa, y el Ministerio de Hacienda debería responder en un plazo de 30 días.
La cartera también advierte que la ponencia niega el régimen especial para proteger los derechos de los trabajadores de la salud, aprobado previamente por la Cámara de Representantes, y condena a estos trabajadores a continuar en condiciones laborales precarias.
El comunicado resalta que la propuesta elimina los recursos destinados al pago por maternidad para mujeres no cotizantes, lo que afectaría a más de 300.000 madres en situación de vulnerabilidad y a sus hijos recién nacidos, quienes dejarían de recibir medio salario mínimo por tres meses para su protección.
En cuanto al flujo de recursos, la ponencia alternativa elimina el pago directo a clínicas, hospitales y proveedores, permitiendo que las EPS sigan decidiendo a quién, cuándo y cuánto pagar, sin controles efectivos sobre el gasto.
Además, se alertó que la atención primaria se vería debilitada, ya que el Gobierno tendría que buscar recursos adicionales para financiarla, trasladando cargas fiscales al Estado sin modificar los privilegios de las EPS.
La eliminación de la cuenta de fortalecimiento de la red pública hospitalaria dejaría a la mayoría de los hospitales públicos sin posibilidades de operar, al no poder subsistir únicamente con la venta de servicios.
El ministerio también señaló que la ponencia desconoce la autonomía territorial y la descentralización administrativa, delegando en las EPS la organización, gestión y contratación de la red prestadora de servicios de salud, lo que, según la advertencia, elimina el derecho de libre elección de los ciudadanos y prioriza criterios de negocio sobre las necesidades de los pacientes.
El documento oficial subraya que la propuesta mantiene el negocio de la integración vertical, estableciendo condicionantes que impiden su prohibición efectiva, y perpetúa la segmentación de la población entre los regímenes contributivo y subsidiado, en contravía de la Sentencia T-760/08.
Además, elimina las unidades zonales de planeación y evaluación en salud a nivel departamental y distrital, lo que dificultaría el manejo eficiente de los recursos y la evaluación de la atención primaria.
El Ministerio de Salud y Protección Social concluye que estos elementos representan retrocesos significativos en la reforma al sistema de salud y reitera su compromiso de insistir en una reforma que priorice la vida de las personas, garantice el uso transparente y eficiente de los recursos y materialice el derecho fundamental a la salud.
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