Prescripción de deudas en Colombia: cómo solicitarla y cuáles son los plazos legales

El proceso para que una deuda deje de ser exigible en Colombia implica una serie de pasos legales y plazos específicos, que varían según el tipo de obligación.

La prescripción de una deuda, aunque elimina el derecho del acreedor a reclamar el pago, no borra el registro negativo en el historial crediticio del deudor, lo que puede limitar su acceso a futuros créditos.

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Según datos de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), existen aproximadamente 15 millones de personas en el país con deudas pendientes.

Este panorama resalta la importancia de una gestión responsable de las finanzas personales y de los compromisos crediticios, ya que el incumplimiento puede acarrear consecuencias a largo plazo.

La legislación colombiana, a través del Código Civil, establece distintos plazos de prescripción para las deudas, dependiendo de su naturaleza.

Las obligaciones respaldadas por títulos valores, como pagarés, letras de cambio o facturas, prescriben a los tres años. Por su parte, las deudas de tipo ejecutivo cuentan con un plazo de cinco años para su prescripción, mientras que las deudas ordinarias pueden ser reclamadas hasta por diez años.

Estos plazos determinan el tiempo máximo durante el cual un acreedor puede exigir el pago de la deuda.

El procedimiento para solicitar la prescripción de una deuda requiere la intervención de un juez, que tiene la autoridad para decidir sobre la solicitud. En ciertos casos, la participación de un abogado es necesaria, aunque no siempre es obligatoria.

El primer paso consiste en verificar que el plazo de prescripción correspondiente haya sido superado. Una vez confirmada esta condición, el deudor debe preparar una solicitud formal por escrito.

Este documento debe contener los datos personales del solicitante, una descripción detallada del caso, el fundamento legal que respalde la prescripción y una petición expresa para que la deuda sea eliminada del historial del acreedor.

La solicitud debe presentarse ante las entidades competentes, que disponen de un plazo de 15 a 30 días para emitir una respuesta. Si la decisión es desfavorable, el solicitante tiene la opción de acudir a la Superintendencia Financiera o a la Superintendencia de Industria y Comercio, según corresponda al caso.

Es fundamental comprender que, aunque la prescripción impide al acreedor reclamar judicialmente la deuda, el registro negativo permanece en el historial crediticio del deudor, lo que puede dificultar el acceso a nuevos créditos en el futuro.

El desconocimiento sobre los plazos de prescripción de las deudas puede llevar a que muchas personas enfrenten cobros judiciales o extrajudiciales por obligaciones que ya no pueden ser exigidas legalmente.

Según los expertos del Banco Finandina, en Colombia este periodo varía entre tres y cinco años, dependiendo del tipo de obligación y del documento que la respalde.

Por ejemplo, las letras de cambio y los pagarés prescriben a los tres años, mientras que los contratos, promesas de compraventa y conciliaciones tienen una vigencia de cinco años. Esta última disposición se encuentra regulada por el artículo 2536 del Código Civil, que establece: “La acción ejecutiva se prescribe por cinco años y la ordinaria por 10 años”, dijeron desde la entidad financieras en declaraciones a El Tiempo.

El proceso de prescripción no está exento de costos. Cuando la suma reclamada supera los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es obligatorio contar con la representación de un abogado, cuyos honorarios se pactan entre el cliente y el profesional, siguiendo las sugerencias del Colegio de Abogados de Colombia.

Si la deuda es inferior a ese monto, el deudor puede presentar la solicitud de prescripción directamente, sin necesidad de abogado.

La prescripción de la deuda afecta principalmente al acreedor, que pierde el derecho a reclamar el pago si no ha iniciado acciones legales dentro del plazo legal.

En el caso de las tarjetas de crédito, los expertos del Bbva explican que estas deudas prescriben a los tres años, y la acción ejecutiva a los cinco años desde el vencimiento del plazo, ya que al otorgar la tarjeta, el banco exige la firma de un pagaré. Una vez transcurridos estos periodos, el acreedor pierde la facultad de reclamar la deuda judicialmente.

Existen otras obligaciones sujetas a plazos de prescripción específicos. Las deudas tributarias con el Gobierno prescriben a los cinco años, aunque este plazo puede extenderse si se inicia un proceso de auditoría o investigación fiscal.

En cuanto a las deudas laborales, como salarios y prestaciones sociales no pagadas, el plazo de prescripción es de tres años a partir de la fecha en que el pago debió realizarse.

La regulación de la prescripción de deudas en Colombia se encuentra en los artículos 443 y 444 del Código General del Proceso, el artículo 789 del Código de Comercio y los artículos 2535 a 2545 del Código Civil. Para quienes requieran orientación adicional sobre la nulidad procesal o el trámite de prescripción, los consultorios jurídicos universitarios ofrecen asesoría gratuita.