El reconocimiento formal de responsabilidad por parte de 25 altos mandos militares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha marcado un hito en la búsqueda de verdad y justicia en Colombia.
Estos oficiales admitieron su participación en asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 604 personas, presentadas falsamente como bajas en combate en la costa Caribe entre 2002 y 2008, en el marco del conocido escándalo de los falsos positivos.
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Según información de El Espectador, Caracol Radio, La Opinión y Blu Radio, este avance en el Caso 03 de la JEP representa un paso crucial en el esclarecimiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por agentes del Ejército Nacional.
El grupo de comparecientes está conformado por tres generales, seis coroneles, tres tenientes coroneles, cinco mayores, varios oficiales subalternos y cuatro suboficiales del Ejército Nacional.
Entre los generales que aceptaron su responsabilidad figuran Hernán Giraldo Restrepo, quien ocupó cargos de mando en la Segunda y Décima Brigada Blindada; Jorge Enrique Navarrete Jadeth, excomandante del Grupo de Caballería Mecanizado ‘Coronel Juan José Rondón’; y Adolfo León Hernández Martínez, quien lideró el Batallón de Artillería ‘La Popa’.
Estos oficiales, junto a otros de menor rango, reconocieron por escrito su participación en los crímenes y manifestaron su voluntad de contribuir a la reparación de las víctimas y los territorios afectados.
La JEP identificó que, de un total de 796 bajas reportadas por 19 unidades militares adscritas a las brigadas Segunda, Décima y Décima Primera, al menos 604 correspondieron a ejecuciones ilegítimas y desapariciones forzadas.
Blu Radio señala que la presión institucional por mostrar resultados, la existencia de incentivos y la ausencia de controles internos facilitaron la consolidación de un patrón macrocriminal.
Este sistema, según la investigación de la JEP citada por El Espectador y La Opinión, se sostuvo en exigencias y sanciones a quienes no presentaran resultados operacionales, así como en recompensas para quienes inflaran los reportes de muertes en combate, lo que permitió encubrir ejecuciones extrajudiciales como supuestos éxitos militares.
El mayor Julio César Parga Rivas, uno de los oficiales que admitió su responsabilidad, reconoció que bajo su mando en la Fured y el Gaula Córdoba, la totalidad de las bajas reportadas fueron ilegales, sumando 100 personas asesinadas y presentadas como muertas en combate.
Los comparecientes expresaron arrepentimiento y se comprometieron a contribuir a la reparación de las víctimas, las comunidades y los territorios afectados, como recoge Blu Radio.
No todos los altos mandos implicados aceptaron su responsabilidad. Tres oficiales retirados, el brigadier general Fabricio Cabrera Ortiz, el mayor general Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el teniente coronel William Hernán Peña Forero, negaron su participación en los hechos, pese a la evidencia recopilada por la JEP
Sus expedientes fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que evaluará si los acusa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
El proceso de reconocimiento ante la JEP implica tres dimensiones: la fáctica, que exige aceptar de forma clara y detallada los hechos y la participación en ellos; la jurídica, que implica reconocer que estos actos constituyeron graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario; y la restaurativa, que requiere conciencia del daño causado y compromiso con la reparación, según explicó Caracol Radio.
En los próximos meses, la JEP organizará una Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad, en la que los militares deberán admitir públicamente los hechos ante las víctimas, la justicia y la sociedad, un paso considerado clave para la reparación y la verdad, de acuerdo con La Opinión y Blu Radio.
El impacto de estos reconocimientos se extiende a las víctimas y sus familias. La labor de la JEP, en articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y el Instituto de Medicina Legal, ha permitido la localización, identificación y entrega digna de los restos de varias víctimas, mientras continúa la búsqueda de otras personas desaparecidas en el contexto de estos crímenes.
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