El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Villanueva, en La Guajira, ordenó que Andrés Felipe Marín Silva, conocido como “Pipe Tulá” y actualmente condenado y solicitado en extradición por Estados Unidos, sea trasladado en un plazo máximo de 48 horas al Pabellón de Extraditables de la cárcel La Picota en Bogotá.
La orden judicial, entregada como respuesta parcial a una acción de tutela, instruye que tanto el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) como el comandante de la Policía Nacional asuman la responsabilidad del traslado, mientras permanece pendiente la resolución formal de extradición.
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Esta decisión busca resguardar de manera transitoria los derechos fundamentales del detenido —vida, seguridad y debido proceso— considerando que “Pipe Tulá” permanece en condiciones consideradas inadecuadas por la autoridad judicial.
El tribunal expuso que mantenerlo en la actual ubicación representa un riesgo para su integridad, por lo que resulta necesario el cambio inmediato de centro de reclusión.
El abogado Deiby Alexander Osorio Galíndez, defensor de Marín Silva, interpuso la tutela después de que el procesado hubiera sido enviado el pasado 4 de junio a la Estación de Policía Los Mártires en Bogotá.
Según advirtió el letrado ante el juzgado, esta estación “no cuenta con las condiciones que exige un centro penitenciario para extraditables”, por lo que exigió medidas urgentes de protección. Con base en estos argumentos, la autoridad judicial concedió la medida, ordenando el traslado y garantizando que este se lleve a cabo dentro de las 48 horas siguientes a la notificación.
Mientras se define su extradición, Marín Silva deberá permanecer en La Picota, en circunstancias que, según el fallo, aseguren su derecho a la vida y eviten vulneraciones al debido proceso en el marco de la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos.
Avanza proceso de extradición
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia continúa con el trámite de extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como “Pipe Tuluá”, quien lidera la banda criminal La Inmaculada en el Valle del Cauca. En el avance más reciente, el magistrado Gerson Chaverra decretó la práctica de diversas pruebas relacionadas con el caso, mientras que se desestimaron varias peticiones de la defensa que buscaban detener el proceso.
Entre los argumentos rechazados, la defensa de Marín Silva solicitó que se examinara una posible relación entre su defendido y las Farc-EP mediante una revisión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No obstante, la Corte Suprema señaló que no se logró sustentar ese nexo y calificó la solicitud de abstracta, advirtiendo que “la argumentación que hizo la defensa, consistente en que se debe privilegiar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las eventuales víctimas del accionar de los grupos armados al margen de la ley es abstracta y carente de las exigencias antes señaladas”, según consta en la comunicación del alto tribunal.
Otra pretensión de la defensa alegaba la existencia de un caso de “homonimia”, es decir, la posibilidad de estar solicitando en extradición a una persona incorrecta. Ante esto, el magistrado Chaverra informó que los registros oficiales confirman plenamente la identidad de Marín Silva.
El fallo detalla que se practicó una confrontación dactiloscópica, lo que permitió concluir y verificar la identidad de la persona con el Número de Documento (NUIP) 1.116.260.187, dato igualmente respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y la respectiva tarjeta decadactilar.
Dentro de las peticiones aceptadas, la Sala de Casación autorizó a la Fiscalía General de la Nación a realizar una revisión en sus bases de datos con el fin de identificar posibles procesos penales vigentes contra Marín Silva. Este trámite se suma a la solicitud formal de extradición elevada por la Corte para el Distrito Este de Texas, que requiere a “Pipe Tuluá” por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.
Mientras tanto, el proceso de extradición permanece activo en la Corte Suprema de Justicia, que evalúa no solo los elementos de prueba sino el cumplimiento de las garantías procesales, en un caso que ha generado amplia atención por la presunta relevancia de la estructura criminal liderada por Marín Silva en el suroccidente colombiano.
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