Pacto Histórico vetó a aspirante al Senado por el partido de Daniel Quintero: su esposo es investigado por compra de votos

Las decisiones tomadas por el Comité Nacional de Ética y Garantías Electorales del Pacto Histórico han marcado un precedente en la selección de aspirantes para las elecciones legislativas de 2026, colocando el foco en el cumplimiento de los requisitos éticos dentro de la colectividad.

En una reciente revisión, el comité determinó negar la certificación a Laura Cristina Ahumada, quien había presentado su candidatura al Senado de la República avalada por el Movimiento Independientes, dirigido por Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.

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La organización sostuvo que Ahumada no superó la evaluación ética y moral, lo que le impide postularse por el Pacto Histórico, según consta en el acta ajustada del 16 de septiembre de 2025.

La exclusión de Ahumada ha suscitado debate tanto dentro como fuera del movimiento. Su inscripción había generado suspicacias sobre la posible consolidación de un proyecto político familiar, ya que es esposa de Jonathan Vásquez, quien actualmente ejerce como alcalde de Barrancabermeja, luego de tres intentos y en medio de denuncias por supuesta compra de votos.

Este año, el alcalde fue imputado por la Fiscalía por estos hechos, además de enfrentar cargos por soborno a testigos y corrupción.

Estas investigaciones han tenido eco en el debate interno, ya que distintos sectores y dirigentes del Pacto han denunciado el riesgo de trasladar prácticas clientelistas o cuestionables del ámbito local al Congreso nacional

El veedor ciudadano Ramiro Vásquez expresó: “Esos son los afanes que tienen los políticos mandones en Santander que quieren perpetuarse en el poder a través de familiares, en este caso a través de su esposa, incluso con el apoyo del ministro de Minas. Son candidaturas en ‘cuerpo ajeno’ y estructuras al estilo de un ‘clan’”.

El proceso de revisión no solo afectó a Ahumada. El comité también retiró la inscripción al Senado de Gloria Inés Flórez, dirigente conocida del Pacto Histórico, tras detectar una doble postulación en el sistema: una para la Presidencia de la República y otra para la Cámara Alta.

El propio comité aclaró que Flórez únicamente había formalizado su aspiración presidencial, por lo que el registro al Senado correspondió a un error administrativo.

El senador Fabián Díaz reaccionó ante la inscripción de Ahumada, advirtiendo en su cuenta de X: “La candidatura de Laura Cristina Ahumada al Senado, esposa del alcalde de Barrancabermeja, enciende las alarmas: su aspiración se interpreta como la extensión de un proyecto político cuestionado que busca abrirse paso en el Congreso”.

En línea con esta reacción, la exministra de Ambiente y aspirante presidencial Susana Muhammad recordó en una impugnación al comité ético del Pacto los procesos judiciales en contra de Daniel Quintero por presunta corrupción en su gestión en Medellín y criticó la estrategia de buscar apoyo fuera de la coalición.

“Primero por los procesos judiciales en curso en su contra por presunta corrupción en la Alcaldía de Medellín. Segundo, buscar apalancarse con fuerzas por fuera del Pacto Histórico, también cuestionadas por corrupción”, sostuvo la precandidata en declaraciones recopiladas por La Silla Vacía.

El partido había planteado que los afectados por estas decisiones contaban con plazo para apelar hasta el 20 de septiembre, tras lo cual el Comité Político Nacional asumiría la tarea de resolver los recursos y determinar en definitiva la conformación de las listas legislativas. La colectividad subrayó que cualquier corrección tiene como finalidad preservar la transparencia y el rigor ético en el proceso interno.

En medio de la controversia, el Pacto Histórico enfrenta un clima de incertidumbre respecto a su consulta interna, con la lista completa de postulados recibida apenas el pasado 30 de agosto y definiciones clave aún pendientes.

Por ahora, la exclusión de Laura Cristina Ahumada y la corrección en la candidatura de Gloria Inés Flórez evidencian un esfuerzo por parte del comité ético para garantizar que la selección de aspirantes responda a los criterios morales y legales que promueve la coalición.