Líderes comunales en Jamundí y Sevilla denunciaron ser usados por disidencias para cobrar extorsiones

Comunidades rurales de los municipios de Jamundí y Sevilla, en el departamento del Valle del Cauca, advirtieron que líderes de las Juntas de Acción Comunal estarían siendo presionados por las disidencias de las Farc para encargarse de la recolección de extorsiones en estas zonas.

De acuerdo con las denuncias, los frentes ‘Jaime Martínez’ y ‘Adán Izquierdo’, bajo el mando de alias Iván Mordisco, habrían impuesto esta práctica a presidentes y miembros de las organizaciones comunitarias.

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Los reportes señalan que los dirigentes vecinales estarían siendo convertidos en intermediarios entre la población y los grupos armados. La tarea que se les exige consiste en visitar a las familias residentes en veredas y corregimientos para recolectar los pagos conocidos como “vacunas”.

Posteriormente, los recursos deben ser entregados a los integrantes de las estructuras ilegales, junto con un reporte detallado de lo recaudado.

Las denuncias también indican que las cuotas impuestas no son iguales para todos los habitantes. Según lo expuesto, el cobro varía dependiendo de las condiciones económicas de cada hogar. En el caso de las familias que poseen un automóvil, la tarifa exigida sería de 120.000 pesos cada trimestre. Para los propietarios de motocicletas, el pago mensual ascendería a 60.000 pesos. Mientras tanto, los residentes que solo cuentan con vivienda estarían obligados a cancelar 30.000 pesos.

Este tipo de presiones, de acuerdo con lo relatado por las comunidades, se han extendido en distintas zonas rurales de Jamundí y Sevilla. En el primer municipio, la situación se presenta en sectores como San Antonio y las veredas El Cedro, Bellavista, Cascarillal, El Diamante y La Despensa, donde, según los reportes ciudadanos, alias ‘Gerson’ coordinaría las exigencias. En Chorrera Blanca, en cambio, sería alias ‘Plátano’ quien estaría a cargo de estas actividades.

En el caso de Sevilla, las denuncias apuntan a que la problemática se concentra en los corregimientos y veredas de Chorreras, Coloradas, San Antonio, La Floresta, Circacia y Santa Elena, entre otras. Los habitantes de estos lugares afirman que los líderes comunales están siendo instrumentalizados para garantizar el recaudo de los pagos.

William Espinoza, presidente de la Asociación de Personeros del Valle del Cauca, se refirió a la situación en diálogo con BLU Radio. “Vemos con enorme preocupación y rechazo, los presuntos hechos de instrumentalización de la Junta de Acción Comunal, de sus miembros y de extorsión a la población civil, que presuntamente se están dando en algunos sectores y municipios del Valle del Cauca como Jamundí y Sevilla. Invitamos a la población, a los miembros de las JAC, a que se denuncie ese tipo de actos delictivos, pero también hacemos vehementemente un llamado al gobierno a que se enfrente esta práctica delictiva y se atienda el llamado comunitario”.

Las comunidades afectadas han solicitado la intervención urgente de las autoridades competentes para detener estas intimidaciones y garantizar la seguridad de los líderes comunales, quienes, según lo denunciado, se encuentran bajo una fuerte presión por parte de los grupos armados. También se ha pedido mayor presencia institucional para restablecer la tranquilidad de los pobladores que viven en estas áreas rurales.

Los dirigentes locales han manifestado que la situación genera preocupación por la vulnerabilidad de las Juntas de Acción Comunal, organismos creados para representar a los ciudadanos en las decisiones de sus comunidades. La utilización de sus líderes como intermediarios en actividades ilícitas, según la denuncia, pone en riesgo tanto a quienes ejercen estos cargos como al resto de habitantes que dependen de su gestión comunitaria.

En diferentes encuentros comunitarios, los habitantes han reiterado que el cobro de estas tarifas genera una carga económica difícil de asumir y aumenta el temor de quienes habitan en las zonas rurales. La denuncia colectiva tiene como propósito visibilizar lo que ocurre y solicitar medidas concretas que eviten la continuidad de esta práctica.

Los pobladores insisten en que el acompañamiento institucional es clave para que los líderes comunales puedan desempeñar sus funciones sin estar sometidos a presiones de actores armados ilegales.

El llamado incluye tanto el fortalecimiento de la seguridad en las veredas como la implementación de mecanismos de protección específicos para las Juntas de Acción Comunal, cuya labor se ha visto afectada por estas intimidaciones.

Las autoridades locales y regionales han sido informadas sobre las denuncias, aunque las comunidades esperan que las medidas se traduzcan en acciones concretas de protección. En el Valle del Cauca, la situación de orden público sigue siendo un tema de atención constante, especialmente en los municipios con fuerte presencia de estructuras armadas que buscan mantener control sobre territorios estratégicos.