El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular que cuestiona la gestión contractual de Rtvc, el Sistema de Medios Públicos de Colombia.
La demanda, presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, pone en tela de juicio la legalidad y pertinencia de una serie de contratos interadministrativos suscritos por Rtvc para actividades logísticas y de eventos, las cuales, según los demandantes, no guardan relación con la misión institucional de la entidad.
El objetivo de la acción es proteger derechos colectivos como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y la libre competencia económica, además de exigir mayor transparencia en el manejo de los recursos estatales.
La admisión de la demanda se fundamenta en que el recurso cumple con los requisitos legales y plantea preocupaciones legítimas sobre el uso de contratos interadministrativos por parte de Rtvc.
Según la acción, en los últimos años la entidad ha firmado convenios con ministerios y agencias nacionales para servicios como logística de eventos, alquiler de tarimas, carpas, menaje, alimentación, transporte, ferias y campañas institucionales.
La mayoría de estas actividades han sido tercerizadas a operadores privados, lo que, de acuerdo con la Fundación, convierte a Rtvc en un intermediario de recursos públicos, sin observar los principios de selección objetiva ni garantizar condiciones de pluralidad y transparencia en la contratación.
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La demanda señala que la ejecución contractual de Rtvc presenta un patrón de tercerización estructural, que desvía a la entidad de su objeto misional y compromete el cumplimiento de los principios que rigen la función pública.
En lugar de desarrollar directamente actividades de comunicación, la entidad recurre de manera reiterada a contratos de prestación de servicios para cubrir labores permanentes, lo que podría derivar en relaciones laborales encubiertas y en una administración opaca de los recursos públicos.
Entre las medidas solicitadas en la acción popular, se pide al tribunal que ordene a Rtvc abstenerse de celebrar convenios que no pueda ejecutar con su propia capacidad institucional.
Además, se reclama la implementación de mecanismos de verificación interna y la publicación completa y detallada de todos los contratos firmados desde 2022, con el fin de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de la entidad.
El contexto organizacional de Rtvc refuerza las preocupaciones de la Fundación.
Según información oficial, la entidad cuenta con apenas sesenta empleados de planta, frente a más de 1.800 contratos de prestación de servicios.
Esta desproporción evidencia, según los demandantes, una estructura basada en la tercerización, que podría afectar la misión pública de Rtvc y la adecuada administración de los recursos estatales.
La acción popular busca que Rtvc retome su función esencial como sistema de medios públicos y deje de emplear contratos interadministrativos para actividades ajenas a su objeto institucional.
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