La cocaína sigue marcando la economía colombiana, no solo por sus impactos sociales y de seguridad, también por su peso creciente en las cuentas nacionales. Recientes estimaciones de expertos advierten que el dinero generado por este negocio ilícito ya supera lo que el país recibe en remesas, una de las fuentes más importantes de divisas en la última década.
El economista Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes y especialista en temas de narcotráfico, expuso en un informe presentado en la Universidad de Georgetown que, solo en 2023, los ingresos por cocaína alcanzaron los USD15.300 millones. El cálculo se hizo con base en cifras oficiales del Ministerio de Defensa, descontando las incautaciones y tomando como referencia los precios de venta de la droga en Estados Unidos.
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La comparación con otros renglones de la economía es reveladora. Mientras las remesas de trabajadores colombianos en el exterior sumaron USD11.800 millones en 2024 y podrían superar los USD12.000 millones al cierre de 2025, la cocaína ya dejó más ingresos el año pasado. Mejía destacó en el diario La República que, “las cifras de 2024 aumentaron, pero aún no son definitivas”, dado que falta consolidar la información de producción potencial y áreas de cultivo.
El académico señaló que el narcotráfico, medido como porcentaje del Producto Interno Bruto, pasó de representar 2,3% en 2008 a solo 1,2% en 2013, para luego repuntar hasta 4,2% en 2023. Esa participación, explicó, no solo triplica el peso de la economía cafetera, sino que es comparable con el aporte del sector de la construcción.
El precio de la cocaína también explica la magnitud del negocio. Según el informe de Mejía, desde su producción en Colombia hasta llegar a su destino final en Estados Unidos, el valor de un kilogramo puede multiplicarse hasta 60 veces. Un margen de rentabilidad que, en sus palabras, lo hace “increíblemente rentable” para los grupos criminales organizados.
Los datos muestran además cómo los cultivos de coca vienen en aumento desde 2020, al tiempo que disminuyen los niveles de erradicación manual y permanece suspendida la aspersión aérea, prohibida por la Corte Constitucional en 2016 debido a los daños sobre la salud y el ambiente. Estos factores, sumados, son parte de las razones por las que el gobierno de Estados Unidos llegó a considerar la descertificación de Colombia en materia antidrogas, a pesar de los informes y compromisos presentados por la administración de Gustavo Petro.
El impacto no se limita a las estadísticas macroeconómicas. Mejía advirtió que los ingresos del narcotráfico fortalecen la capacidad de los grupos criminales para expandirse en los territorios, perfeccionar sus cadenas logísticas y recrudecer el reclutamiento forzado de jóvenes en comunidades rurales. Según el experto, esa dinámica constituye “la mayor amenaza para la estabilidad de la democracia”.
Silverio Gómez Carmona, economista y periodista, ofreció un punto de comparación adicional, en los años noventa, el narcotráfico representaba alrededor de 2% del PIB. Hoy ese peso se duplicó. Con las cifras actuales, un punto porcentual del PIB equivale a 18 billones de pesos, lo que llevaría a estimar el narcotráfico en cerca de 70 billones anuales.
Pero este no es el único sector de la economía ilegal con relevancia. Gómez recordó en el mismo medio antes mencionado que, la minería ilícita de oro genera unos USD4.200 millones en exportaciones cada año. De acuerdo con datos de la Procuraduría, alrededor de 80% de la extracción de este mineral en el país es ilegal y sostenida por redes criminales fuertemente organizadas. El cálculo monetario de esta actividad asciende a 130 billones de pesos, una cifra equivalente al 7% del PIB.
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