En Putumayo, más de 500 familias residentes en la zona rural de Villa Garzón decidieron iniciar un proceso de transformación productiva en sus tierras.
La decisión, tomada en 19 veredas de la región de San Juan, consiste en sustituir de manera voluntaria aproximadamente 1.500 hectáreas de hoja de coca para reemplazarlas con cultivos como cacao, plátano y otras especies agrícolas propias de la región.
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De acuerdo con la Revista Semana, el anuncio se conoce en un contexto complejo para la política antidrogas nacional, luego de que Estados Unidos incluyera a Colombia en la lista de países desertificados en esta materia.
A pesar de las tensiones diplomáticas, el gobierno colombiano destacó este proceso como un ejemplo de concertación entre comunidades y autoridades para reducir la dependencia de cultivos ilícitos.
Desde el Ministerio de Defensa se informó que este “proyecto, busca reemplazar los cultivos ilegales, por actividades productivas legales, a través del diálogo, la concertación con las comunidades campesinas y el apoyo estatal”.
Según la entidad, la iniciativa pretende fortalecer alternativas que brinden estabilidad a largo plazo y permitan a los habitantes integrarse de manera sostenible a la economía legal.
El gobierno explicó que la estrategia se diferencia de otros enfoques utilizados en el pasado. “A diferencia de la erradicación forzada, que a menudo genera conflictos sociales y violencia, la sustitución voluntaria promueve una transición más sostenible y pacífica, al reconocer los derechos y necesidades de quienes han cultivado estos productos por falta de alternativas viables”.
Con ello se busca garantizar un proceso con menor riesgo de confrontación y mayor participación de las comunidades rurales.
El Ministerio detalló que para hacer viable la sustitución, “las autoridades brindarán, de manera permanente, acompañamiento técnico, infraestructura y acceso a mercados, y de esta manera facilitar una integración real de estas comunidades a la economía legal”.
Este acompañamiento se considera fundamental para asegurar que los campesinos cuenten con herramientas que permitan desarrollar actividades agrícolas competitivas y estables.
La iniciativa fue anunciada en medio de un encuentro en el que participó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien viajó al Putumayo para reunirse con las familias y explicar las medidas de apoyo institucional. Durante la visita, las autoridades reiteraron que el objetivo central es garantizar que los habitantes de zonas con presencia de cultivos ilícitos encuentren opciones productivas que les permitan dejar de depender de la coca.
El gobierno sostuvo que la transición voluntaria está diseñada como un proceso a largo plazo. La intención es que los campesinos no solo abandonen la siembra de hoja de coca, sino que desarrollen nuevas capacidades productivas y se integren en cadenas comerciales legales que fortalezcan la economía local. Se busca, de esta manera, reducir la presión de grupos armados ilegales que tradicionalmente han ejercido control en regiones productoras.
En ese sentido, la política de sustitución se enmarca en una estrategia más amplia de presencia institucional en territorios históricamente afectados por la economía ilegal. Desde el alto gobierno se señaló que “lo que se busca es que los campesinos en los territorios acaben su dependencia de los cultivos ilícitos a través de una transición concertada hacia la legalidad, con miras a disminuir ostensiblemente la presencia de estos grupos y se fortalezcan las instituciones del Estado”.
La sustitución voluntaria se plantea como un mecanismo de cooperación entre Estado y comunidades. En lugar de medidas coercitivas, se apuesta por la generación de confianza y el establecimiento de un plan de apoyo que garantice ingresos estables y sostenibles para las familias participantes. El reto será asegurar que los compromisos asumidos en materia de asistencia técnica, construcción de infraestructura y apertura de mercados se cumplan de manera oportuna.
El caso de Villa Garzón refleja una de las primeras experiencias en la región luego del anuncio de nuevas líneas de acción del gobierno frente a la política antidrogas. Según cifras oficiales, Colombia cuenta con alrededor de 300.000 hectáreas sembradas con hoja de coca. El proyecto en Putumayo representa un paso inicial dentro de una estrategia más amplia que busca avanzar hacia la reducción de estas cifras con la participación de las comunidades.
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