Fiscal del caso de Nicolás Petro denunció presiones e irregularidades en el proceso: “Afectan mi autonomía e independencia”

La investigación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha generado un nuevo foco de tensión dentro de la Fiscalía General de la Nación.

Lucy Marcela Laborde, fiscal tercera especializada de la Dirección contra el Lavado de Activos, envió una carta formal a la fiscal general Luz Adriana Camargo en la que advierte que recientes decisiones internas, como la asignación de una fiscal de apoyo y la convocatoria a reuniones inesperadas, podrían comprometer la autonomía de fiscales e imparcialidad del proceso judicial.

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La comunicación, fechada el 22 de septiembre de 2025 en Barranquilla, expone preocupaciones sobre la transparencia y la independencia en una de las investigaciones más mediáticas y sensibles del país.

En su misiva, Laborde señala que la designación de una fiscal de apoyo, realizada mediante la resolución No. 33 del 8 de septiembre de 2025, se efectuó sin que su despacho lo solicitara y, según sus palabras, “carece de sustento legal y administrativo”.

La fiscal sostiene que esta medida, junto con la realización de reuniones internas convocadas por otras dependencias, afecta directamente su autonomía funcional como fiscal natural del caso.

“Estas disposiciones afectan mi autonomía e independencia como fiscal natural del caso, principios que se encuentran garantizados en la Constitución Política, la Ley y la jurisprudencia”, afirma en la carta.

La fiscal detalla que la asignación de María Isabel Ramírez Meléndez como fiscal de apoyo se justificó oficialmente por la supuesta alta carga laboral y la necesidad de garantizar principios como celeridad y eficacia en la administración de justicia.

Sin embargo, Laborde rechaza estos argumentos, asegurando que su despacho no enfrenta sobrecarga ni situaciones administrativas que ameriten tal decisión.

Además, resaltó que ha liderado la investigación por lavado de activos contra Petro Burgos de manera íntegra durante más de un año, sin requerir apoyo adicional y sin que la Fiscalía haya solicitado aplazamientos en el proceso, a diferencia de la defensa, que ha pedido diez.

La carta también describe una reunión sorpresiva convocada el 18 de septiembre por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada Contra la Corrupción.

Laborde indicó que no recibió información previa sobre el tema a tratar y que, durante el encuentro, se le solicitó exponer detalles de la investigación en curso, así como posibles conexiones con otros procesos y entidades, como la Fundación Conciencia Social Fucoso.

La fiscal considera que este tipo de reuniones, sin claridad sobre su propósito y ajenas a su investigación, generan incertidumbre respecto a la imparcialidad judicial y transparencia del proceso.

“Las reuniones convocadas por otras dependencias en relación con este proceso generan incertidumbre respecto a la imparcialidad y transparencia de la investigación”, advierte.

Otra de las preocupaciones expresadas en la carta se refiere a la falta de traslado oportuno de solicitudes presentadas por la defensa.

Laborde denuncia que estas peticiones no se remitieron a su despacho de manera adecuada, lo que, en su opinión, podría interpretarse como una vulneración a los derechos de contradicción y defensa.

“No se trasladó de manera oportuna a este despacho la solicitud presentada por la defensa, circunstancia que puede interpretarse como una vulneración a los derechos de contradicción y defensa”, señala.

En su argumentación, la fiscal resaltó su trayectoria de más de veinte años en la Fiscalía General de la Nación, con experiencia en investigaciones de alto perfil tanto a nivel nacional como internacional.

Insistió en que cuenta con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para continuar al frente del caso sin requerir apoyo externo.

Además, cuestionó que la designación de la fiscal de apoyo se haya producido justo después de solicitar la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos, cuando ya se había superado la etapa que podría haber requerido refuerzos.

Laborde solicitó formalmente a la fiscal general y al vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero Díaz, que se le informe sobre la finalidad y el alcance de la designación de la fiscal de apoyo, así como el propósito de las reuniones internas previas a la audiencia de imputación.

También pidió explicaciones sobre la falta de traslado de las solicitudes de la defensa y solicitó que se adopten medidas para garantizar el respeto a su autonomía e independencia, principios que, según recalca, deben prevalecer sobre el principio de unidad de gestión cuando este se ejerce de manera arbitraria.

Entretanto, la misiva fue respondida rápidamente desde varios sectores políticos. De hecho, una de las primeras en pronunciarse fue la precandidata presidencial Vicky Dávila que, en su cuenta de X, cuestionó la rectitud del ente acusador encabezado por Luz Adriana Camargo.

“La fiscal del caso de Nicolás Petro envió carta a la Fiscal de Petro y a su Vicefiscal. Allí denuncia presiones indebidas, y pide garantías para proteger sus decisiones judiciales sobre el hijo del presidente.Le han hecho de todo. La Fiscal de Petro está desesperada porque no sabe cómo ayudar al emproblemado hijo presidencial”, señaló