Eutanasia en Colombia llega a su cifra más alta desde su legalización: Bogotá concentra la mayoría de los casos

Los procedimientos por eutanasia en Colombia llegaron a su máximo histórico desde su regularización en 2015 por parte de la Corte Constitucional, que emitió el histórico fallo en respuesta a la petición de un paciente terminal. Según datos del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), en 2024 se realizaron 352 procedimientos, lo cual indica que el país realizó uno de estos procedimientos cada 25 horas.

Los datos presentados arrojaron un incremento del 30% frente a 2023, cuando se realizaron un total de 271 procedimientos. Según la organización, las principales causas por las que los colombianos estarían solicitando la aplicación de la eutanasia corresponden al diagnóstico de varios tipos de cáncer que limitan la calidad de vida de los pacientes, así como representan un sacrificio para el núcleo familiar de estos.

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El informe de DescLAB detalló que, entre 2015 y 2024, se practicaron más de mil eutanasias, de las cuales aproximadamente el 75% correspondió a diagnósticos oncológicos, principalmente cáncer de estómago, páncreas, recto y pulmón. El 25 % restante se debió a enfermedades no oncológicas, una proporción que ha ido en aumento desde 2021, cuando la Corte Constitucional eliminó el requisito de enfermedad terminal para acceder al procedimiento.

Frente a este panorama, las conclusiones para 2024 señalaron que más de dos tercios de las solicitudes estuvieron motivadas por enfermedades incurables avanzadas o graves, mientras que los casos terminales, cuyas enfermedades no se encontraba en la última etapa, representaron el 25%.

“Estos datos muestran que el derecho a morir dignamente se está ejerciendo más allá del cáncer y las enfermedades terminales, respondiendo a realidades de sufrimiento diverso y a la ampliación de garantías por parte de la jurisprudencia”, afirmó Lucas Correa, autor del informe en un comunicado difundido a través de los canales digitales de la organización.

No obstante, según el informe divulgado, el ritmo de crecimiento ha comenzado a desacelerarse en los últimos años. Mientras que en 2024 el aumento fue del 29,9% respecto a los 271 casos de 2023, el incremento entre 2023 y 2022 había sido del 49,7%, y entre 2022 y 2021 del 61,6%. A pesar de estos incrementos, la eutanasia sigue representando una fracción mínima de las causas de muerte en Colombia: en 2024, apenas el 0,13% de los fallecimientos correspondieron a este procedimiento,

El informe también saca a la luz que a pesar de los esfuerzos y liderazgo regional del país en la materia, todavía persisten desafíos en la implementación de la eutanasia. Entre los principales problemas identificados se encuentra el tiempo de respuesta de los comités encargados de evaluar las solicitudes, que en 2024 promedió 33,5 horas, superando el límite legal de 24 horas.

Sumado a esto, la distribución territorial de los procedimientos revela una marcada desigualdad. En 2024, Bogotá concentró el mayor número de casos, con una tasa de aprobación del 32,02%. En Antioquia, la cifra ascendió al 36,84%, mientras que en Risaralda, aunque con un volumen menor, se alcanzó la tasa más alta: 43,75%, con 14 procedimientos aprobados sobre 32 solicitudes.

En esta línea, Correa sostuvo que el reto de Estado y del sistema de salud es derribar los obstáculos existentes y garantizar el acceso de los pacientes al derecho a morir dignamente sin que esto implique someterse a un sufrimiento del cual no podrán salir bajo tratamiento médico. “El reto es ampliar red y eliminar barreras administrativas”, sentenció.

La evolución de la eutanasia en Colombia ha estado marcada por hitos judiciales y normativos. En 1997, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia tras un fallo motivado por la solicitud de un paciente terminal, convirtiendo a Colombia en el primer país de América Latina en adoptar esta medida. Sin embargo, la falta de regulación mantuvo la práctica en un limbo durante casi dos décadas, hasta que en 2015 el alto tribunal ordenó al Ministerio de Salud establecer una normativa específica. Ese mismo año se realizó la primera eutanasia legal en el país y en toda la región.