La primera apelación contra la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que impuso ocho años de sanción restaurativa a siete exjefes de las Farc, fue presentada hoy por los familiares de los diputados del Valle del Cauca, quienes fueron secuestrados y asesinados por la antigua guerrilla.
La acción legal, interpuesta a través del abogado Juan Camilo Sanclemente y respaldada por la Fundación Defensa de Inocentes, cuestiona la validez de la decisión judicial bajo el argumento de que no cumple con los estándares establecidos en el acuerdo de paz ni con la normativa internacional.
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La apelación se dirige específicamente contra la sentencia que condenó a los siete exintegrantes del Secretariado de las Farc, señalando que la resolución de la JEP no responde a los compromisos asumidos en el punto cinco del acuerdo de paz, que se refiere a los derechos de las víctimas.
Los familiares y la Fundación sostienen que la decisión judicial tampoco se ajusta a los parámetros internacionales definidos por la Corte Penal Internacional, lo que, según su postura, representa una vulneración de los derechos fundamentales de quienes sufrieron estos crímenes.
“Esa sentencia por parte de la JEP no cumple con los estándares mínimos consagrados en el acuerdo de paz. Esencialmente, viola el punto número cinco, que tiene que ver con las víctimas y, además, no cumple con los estándares internacionales consagrados y que ha establecido la Corte Penal Internacional”, se escucha en el comnicado de la fundación.
Entre los argumentos presentados, los apelantes afirman que la sentencia no cumple con los estándares mínimos consagrados en el acuerdo de paz ni con los estándares internacionales establecidos por la Corte Penal Internacional.
Por esta razón, solicitan la revocatoria de la decisión y exigen que se emita un nuevo fallo que respete los parámetros nacionales e internacionales en materia de justicia transicional y reparación a las víctimas.
“La sentencia, si bien reconoce la responsabilidad de los miembros del último Secretariado de las Farc-EP por crímenes como toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y tratos inhumanos (secciones 4.2 y 5.8), incurre en graves deficiencias que la hacen incompatible con los estándares internacionales de justicia restaurativa y con los compromisos asumidos en el Acuerdo Final de Paz. Estas deficiencias afectan directamente los derechos de las víctimas, en particular la de los familiares de los diputados del Valle que representa la Fundación Defensa de Inocentes, cuyo caso ilustra el patrón de macrocriminalidad descrito en la sentencia, exactamente en las secciones 4.2.2 y 5.2.1.4, pero no recibe un tratamiento restaurativo adecuado", el abogado Juan Camilo Sanclemente, representante de algunos de los familiares.
La Fundación Defensa de Inocentes también ha hecho un llamado a otras víctimas y organizaciones para que se sumen a la causa y acudan ante la Corte Penal Internacional.
Esta invitación busca fortalecer la búsqueda de una verdad completa y de justicia en un caso que, según los familiares y la Fundación, permanece en la impunidad tras la actuación de la JEP.
El caso que motiva esta apelación se remonta al secuestro y asesinato de los diputados del Valle del Cauca, un hecho emblemático en el conflicto colombiano.
La JEP, creada en el marco del acuerdo de paz para juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, impuso una sanción restaurativa de ocho años a los exjefes de las Farc implicados en estos hechos.
Sin embargo, los familiares de las víctimas consideran que la respuesta judicial no ha sido suficiente para garantizar sus derechos ni para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano.
En este escenario, la Fundación Defensa de Inocentes ha reiterado su invitación a las víctimas y organizaciones de víctimas para que unan esfuerzos y lleven el caso ante la Corte Penal Internacional, con el objetivo de lograr una verdad exhaustiva y la justicia que, a su juicio, no se ha alcanzado en el ámbito nacional.
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