Escaso y caro, así tendrán que pagar los colombianos por el servicio de gas debido a medidas tomadas por el Gobierno Petro

La industria y los hogares se preparan para afrontar mayores tarifas y una creciente vulnerabilidad en el suministro energético nacional, alertaron expertos

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La medida afectará principalmente a la región Caribe, incluyendo departamentos clave como Bolívar, Magdalena y Atlántico - crédito Canva
A marzo de 2025, más de 11,7 millones de hogares colombianos tenían acceso a gas natural, lo que equivale a aproximadamente 36 millones de personas, según Naturgas - crédito Canva

El inicio de la importación permanente de gas natural en Colombia representa un punto de quiebre para el sector energético nacional. El país comenzó a depender de fuentes externas para abastecer segmentos distintos a la generación térmica, una decisión motivada por la caída del 64% en las reservas probadas de gas durante los últimos 12 años.

La situación afecta a millones de hogares, a la industria y al sector automotor, y generó preocupación entre expertos y gremios, que advierten sobre la urgencia de tomar medidas para evitar una crisis mayor en el suministro y en los costos para los usuarios.

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El panorama actual de las reservas y el consumo de gas natural en Colombia muestra una tendencia descendente. De acuerdo con el informe del sector gas natural 2025 presentado por Promigás, las reservas probadas se ubicaron en 2.064 gigapiés cúbicos (gpc) en 2024, frente a los 5.720 gpc registrados en 2012. Dicha disminución implica que la autosuficiencia nacional se limita a 5,9 años.

Juan Manuel Rojas es el presidente de Promigás - crédito @Promigasoficial/X
Juan Manuel Rojas es el presidente de Promigás - crédito @Promigasoficial/X

Mientras tanto, el consumo de gas creció un 15% entre 2020 y 2024, lo que agrava el desfase entre oferta y demanda. Al respecto, el presidente de Promigás, Juan Manuel Rojas, resaltó la necesidad de una estrategia integral.

“El sector requiere una visión de largo plazo, decisiones oportunas y una coordinación efectiva entre autoridades nacionales y locales, el sector privado y las comunidades, para superar dichas contingencias, asegurar el desarrollo de las reservas e impulsar la ampliación de la capacidad de transporte”, declaró.

Impacto en todos los sectores

El impacto de la caída de reservas se extiende a todos los sectores consumidores. La importación de gas para uso esencial, iniciada en diciembre de 2024, tendrá consecuencias directas en los 12 millones de usuarios domiciliarios, quienes podrían enfrentar incrementos en sus facturas superiores al 24%. Además, los 650.000 vehículos convertidos a gas y la industria nacional verán aumentados sus costos operativos, lo que afectará la competitividad y presionará al alza las tarifas de energía.

Frente a esto, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta advirtió sobre la viabilidad de las alternativas propuestas: “El Gobierno ha insistido una y otra vez en la posibilidad de importar gas desde Venezuela como una primera alternativa. Esta la veo cada vez más remota y más en las actuales circunstancias de inestabilidad política”, afirmó.

Acosta también enfatizó que el gas importado puede costar hasta el doble que el doméstico, lo que repercutirá en todos los segmentos de consumo.

La planta regasificadora en Buga buscará reducir costos La planta regasificadora en Buga buscará reducir costos en el suministro energético - crédito Colprensa
El Gobierno Petro insiste en no firmar nuevos contratos de exploración y explotación de gas - crédito Colprensa

Alternativas y retos para el abastecimiento de gas natural

Ante la situación, las alternativas y retos para el abastecimiento de gas se convirtieron en el eje del debate energético. Los expertos coinciden en que la exploración de nuevos pozos es urgente para reducir la dependencia de la importación. Sin embargo, el Gobierno nacional no adjudicó todavía nuevas áreas de exploración desde 2022 y mantiene políticas que desincentivan la inversión en el sector. Además, persiste la suspensión de proyectos piloto de yacimientos no convencionales, lo que limita el desarrollo de nuevas reservas.

El exministro de Minas y Energía Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía (Cree), resumió la incertidumbre del sector. “El futuro abastecimiento de gas para Colombia es incierto, porque hay un desfase claro: la oferta nacional no alcanza a cubrir la demanda”, expresó.

Por su parte, Amylkar Acosta reiteró la necesidad de diversificar las fuentes de suministro y superar las barreras técnicas, ambientales y contractuales que impiden convertir los recursos descubiertos en reservas efectivas.

Las perspectivas del sector y las propuestas de solución apuntan a la necesidad de recuperar la confianza de los inversionistas y establecer reglas de juego estables.

Aliados estratégicos

El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, sostuvo que “el país enfrenta una falsa disyuntiva: dejar recursos en el subsuelo y asumir mayores desafíos fiscales, tarifas más altas y pérdida de competitividad, o aprovecharlos, extrayéndolos de manera responsable, con altos estándares técnicos y ambientales, para sembrar nuevas industrias y preparar a las regiones productoras para el futuro”.

Pearl insistió en que el petróleo y el gas deben ser aliados estratégicos para la diversificación productiva, la sostenibilidad fiscal y la seguridad energética.

El racionamiento de gas en Colombia se implementó como una medida temporal - crédito Shutterstock
Colombia empezó a importar gas desde diciembre de 2024 - crédito Shutterstock

Disparidades en el acceso y contexto social

El contexto geográfico y social revela profundas disparidades en el acceso al gas natural. Aunque cerca de 36 millones de colombianos cuentan con el servicio público domiciliario, la cobertura se concentra en la región Andina, donde residen más de 7,4 millones de usuarios. Antioquia y Atlántico lideraron el crecimiento en nuevos usuarios durante 2024.

Sin embargo, Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada carecen de cobertura, y en Nariño solo el 2% de la población accede al servicio, lo que refleja la persistencia de la pobreza energética en varias zonas del país.

Las implicaciones fiscales, regulatorias y de inversión también forman parte del desafío. El Gobierno impulsó nuevos gravámenes al sector, como el impuesto especial a la extracción de crudo, y proyecta una mayor carga tributaria para la industria extractiva en la próxima reforma tributaria. El informe de Promigás recomienda eliminar las sobretasas sectoriales y establecer un marco de estabilidad fiscal para atraer inversión y reducir la incertidumbre. Además, propone mejorar la competitividad del país como destino de inversión y agilizar la entrega de licencias para proyectos energéticos.

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