
La decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas generó una ola de reacciones. Por un lado, el Gobierno nacional criticó la determinación, alegando un desconocimiento de las acciones oficiales que se han llevado a cabo para hacer frente a la problemática; por el otro, políticos de distintas corrientes ideológicas se pronunciaron instando al Gobierno a tomar medidas para mejorar la política contra el tráfico de estupefacientes.
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, fue una de las figuras políticas que reaccionó a la decisión. A través de un largo texto en X, calificó la medida como “una muy mala noticia para Colombia” y advirtió sobre los efectos que tendrá en la reputación internacional del país y en la confianza respecto a la gestión de la fuerza pública.
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“Es un duro mensaje que afecta nuestra reputación y nos pone en alerta sobre el enorme reto que enfrenta la fuerza pública, que ya libra una batalla desigual contra estructuras criminales que no dan abasto para ser contenidas”, precisó la mandataria departamental.
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Indicó que, aunque la medida no trae consigo sanciones económicas inmediatas que afecten gravemente la competitividad nacional y la capacidad operativa de la fuerza pública permanece latente, sí hay un impacto negativo por la descertificación, especialmente a nivel de cooperación y de reconstrucción de las relaciones entre ambos países. Estas se han visto perjudicadas por varias confrontaciones entre los jefes de Estado Gustavo Petro y Donald Trump.
“El gran desafío ahora es reconstruir la relación bilateral a la que tanto le ha hecho daño la herida”, explicó.
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En ese sentido, Toro solicitó al presidente Petro que actúe en concordancia con la situación y que atienda al llamado del Gobierno de Estados Unidos de implementar acciones eficaces para corregir el rumbo de la política antidrogas. “Solicito al señor presidente para que se reaccione de manera propositiva y que la descertificación por parte del Gobierno de Estados Unidos sea una alerta y un aliciente para mejorar la política antidrogas que tanto daño nos hace y le hace al mundo”, aclaró.

La gobernadora insistió en que hay esfuerzos regionales que se adelantan para disminuir los cultivos de uso ilícito en las regiones, en particular desde el Valle del Cauca y zonas de influencia como Jamundí. No obstante, aseguró que se requiere del apoyo del Gobierno para que la fuerza pública tenga más capacidades tecnológicas que le permitan actuar con contundencia.
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Asimismo, afirmó que es necesario recurrir a la aspersión de glifosato en Jamundí y otros territorios del sur occidente del departamento, para acabar con ese tipo de cultivos. Esto, en conjunto con el ofrecimiento de opciones lícitas para que la población campesina pueda transitar hacia una economía legal, alejada del narcotráfico.
Además, reiteró que la voluntad de las autoridades locales está orientada a mantener y reforzar estas acciones, de la mano con el Gobierno Petro: “Aquí estamos, desde el Valle, dispuestos a seguir trabajando en esa vía y esperamos su articulación, señor Presidente, para lograrlo”.
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Contrario a lo que expuso Toro en su publicación, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró ante los medios de comunicación que el Gobierno de Gustavo Petro no tiene nada que corregir en su política antidrogas –pese a que los cultivos de hoja se incrementaron–. A su juicio, el Gobierno de Donald Trump ha estado tratando de imponer una visión específica sobre cómo enfrentar a las mafias, la cual no comparte la administración actual colombiana.
“Nosotros no tenemos que enderezar ningún camino. Nosotros hemos trabajado con mucha seriedad (…). No necesitamos más oportunidades, no necesitamos ultimátum”, detalló el jefe de la cartera.
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