El exalcalde de Medellín Daniel Quintero afirmó el martes 16 de septiembre de 2025 que concluyó la etapa de imputación en el caso Aguas Vivas, en el que la Fiscalía General de la Nación lo acusa por presuntas irregularidades en la restitución de un predio en la capital antioqueña.
“Se acabó la etapa de imputación en Aguas Vivas. Llegó la hora de mostrar las pruebas. Les voy a tumbar el montaje judicial que me hicieron para sacarme de la presidencia”, expresó Quintero.
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El proceso legal relacionado con el predio de Aguas Vivas en Medellín llevó a la Fiscalía a formular cargos por supuestas irregularidades, que según el exalcalde, buscaban excluirlo de la carrera política por vía judicial.
“Ahora será nuestro turno para demostrar con pruebas cómo le metieron la mano a la justicia para sacarnos del camino de la presidencia”, aseguró Quintero.
El precandidato presidencial señaló su intención de probar la inexistencia de hechos ilícitos y anunció acciones legales contra quienes, a su juicio, manipularon el caso.
“Vamos a resetear la política y a meter a los narco ladrones a la cárcel”, finalizó el precandidato Daniel Quintero.
Fiscalía acusa a Daniel Quintero y 12 personas por modificar el POT y otorgar un millonario pago en caso Aguas Vivas
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, junto a nueve exfuncionarios de su gabinete y tres particulares, por presuntas irregularidades en la restitución de un predio conocido como Aguas Vivas.
En el documento radicado, la entidad señala que los investigados habrían participado en una serie de actuaciones que modificaron de manera irregular el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad.
Según la Fiscalía General de la Nación sostiene que estas acciones favorecieron intereses particulares y alteraron procedimientos administrativos establecidos. El caso incluye procedimientos realizados entre febrero de 2020 y mayo de 2023.
Los exfuncionarios supuestamente impulsaron una conciliación prejudicial para cambiar la modalidad de entrega del terreno, pasando de una cesión gratuita a una compraventa, lo cual permitía realizar un pago superior a 40.500 millones de pesos por el lote.
“Los elementos materiales probatorios obtenidos por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín dan cuenta de que, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, como parte de una conciliación prejudicial, los exfuncionarios habrían intentado favorecer económicamente a los particulares cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa, y así poder pagarles más de 40.500 millones de pesos, que correspondían al valor del lote”, afirmó la Fiscalía.
La investigación señala que estos movimientos habrían permitido el desarrollo de actividades urbanísticas que no estaban autorizadas en el POT vigente, marco normativo que regula tanto los usos del suelo como las directrices para el crecimiento urbano en Medellín.
La actuación de los investigados habría tenido un impacto sobre instrumentos esenciales para la gestión de bienes estatales y el desarrollo de la ciudad.
El escrito presentado por la Fiscalía contempla cargos como peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos, figuras penales que se ajustan a la participación específica de los 13 procesados.
Entre los exfuncionarios llamados a juicio figuran Ingrid Vanessa González Montoya, Yina Marcela Pedroza Gómez, Carlos Mario Montoya Serna, Karen Bibiana Delgado Manjarrés, Sergio Andrés López Muñoz, Natalia Andrea Jiménez Pérez, Alethia Carolina Arango Gil, Leidy Jiménez Echavarría y Fabio Andrés Trujillo García. Además de los exintegrantes del gabinete, tres particulares también fueron vinculados a la investigación.
El caso sobre Aguas Vivas se inserta en una serie de indagaciones sobre el manejo de instrumentos de planificación y las decisiones administrativas en la gestión del patrimonio estatal, destinadas a esclarecer posibles responsabilidades penales y administrativas por parte de exservidores públicos de Medellín.
Cabe destacar que las autoridades judiciales continúan recopilando pruebas para avanzar en el proceso judicial contra los señalados.
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