
La Alcaldía Mayor de Bogotá reafirmó su compromiso con la atención integral y el bienestar de la comunidad embera, a través de diversas acciones orientadas a garantizar su acceso a servicios sociales, la protección de sus derechos y el acompañamiento permanente mientras se consolidan los procesos de retorno, reubicación o integración local en la capital.
De acuerdo con la administración, desde 2024, el distrito, en articulación con entidades del nivel nacional, desplegó esfuerzos técnicos, logísticos y sociales para mitigar los riesgos en los sitios de alojamiento y brindar alternativas dignas a esta población, reconocida como una de las más vulnerables de la ciudad.
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Durante las primeras semanas de septiembre, el distrito acompañó el proceso de retorno más grande adelantado desde Bogotá, una operación que permitió la vuelta voluntaria y segura a los territorios de origen de más de 1.400 personas embera, quienes estaban asentadas en diferentes puntos de la ciudad, incluido el predio conocido como La Rioja.
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Según las autoridades, la iniciativa se estableció de acuerdo al cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual ordenó la evacuación urgente del inmueble debido a las condiciones de riesgo detectadas en la infraestructura y la insalubridad ambiental.
Con el objetivo de garantizar condiciones de dignidad, seguridad y sostenibilidad a los hogares embera retornados, la administración invirtió más de $1.800 millones en transferencias monetarias para más de 780 familias, asegurando así la posibilidad de consolidar su proyecto de vida en sus territorios de origen. Sin embargo, dichos recursos están estrictamente dirigidos a quienes forman parte de los procesos de retorno, reubicación o integración local y no cubren a personas que permanezcan en lugares especiales de alojamiento.
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A partir de eso, el distrito advirtió que las transferencias provenientes del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y otras líneas de apoyo —como las destinadas al cabildo Jaidrúa, listados de pagadiarios, Sisbén, o procesos de retorno— están sujetas a validación y solo llegarán a hogares identificados y dispuestos a participar activamente en uno de los procesos mencionados. Así, se busca focalizar los recursos públicos en la población más excluida y vulnerable, proteger la transparencia y asegurar la integridad de la estrategia.
La Secretaría de Integración Social recopiló la información y realizará validaciones para confirmar el listado de beneficiarios de los apoyos, excluyendo a quienes, sin manifestar voluntad de retorno, reubicación o integración, continúen ocupando predios como La Rioja o La Florida. La entidad sumó que dichas personas se les suspenderán las transferencias económicas, ya que la oferta está dirigida exclusivamente a quienes hacen parte del proceso institucional y que deciden iniciar un tránsito hacia la sostenibilidad y la integración o el retorno.
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Durante la verificación de condiciones en La Rioja, el cuerpo oficial de bomberos de Bogotá identificó graves riesgos para sus ocupantes: afectaciones a la salubridad, deterioro estructural, filtraciones de agua, humedad, moho, deficiencias sanitarias, problemas en las instalaciones hidráulicas y eléctricas, y el uso inadecuado de cielorrasos para colgar objetos. Adicionalmente, se hallaron 13 cilindros de gas de 40 libras, 1 de 20 libras, 14 cocinas activas y gran cantidad de cableado en mal estado, lo que aumentó el riesgo de fugas o explosiones dentro del recinto.
Frente a este panorama, la administración local decidió restringir el ingreso de nuevas personas embera al predio de alto riesgo y controlar el acceso, en cumplimiento del fallo judicial y buscando salvaguardar la vida y dignidad de las familias. En paralelo, la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación y la Secretaría Distrital de Gobierno han socializado las alternativas disponibles, entre ellas, traslado colectivo a La Florida o apoyos individuales de arriendo temporal, aunque voceros de La Rioja han impedido la comunicación efectiva de estas propuestas a todas las familias asentadas.
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El Gobierno de Bogotá instó a la comunidad embera a respetar estos lineamientos para preservar los recursos colectivos y consolidar soluciones de fondo. Igualmente, hizo un llamado a las autoridades nacionales y distritales a fortalecer la articulación, a fin de que los procesos de retorno, reubicación e integración cuenten con respaldo institucional sostenido y logren mantener las condiciones de dignidad y seguridad que merece cada familia.
Al cierre de la semana del 8 al 14 de septiembre, la administración reportó el exitoso regreso de más de 1.400 integrantes de la comunidad a resguardos de origen ubicados en los municipios de Pueblo Rico, Risaralda, y Bagadó, Chocó.
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