Presidencia y otras entidades defendieron las intervenciones de la Superintendencia en medio de críticas: “No respondió a intereses personales”

La Presidencia de la República, a través de su cuenta oficial de X, se refirió a la alocución del primer mandatario Gustavo Petro, llevada a cabo el 12 de septiembre de 2025, en la que dio a conocer datos que revelan irregularidades en el manejo de los recursos en la Nueva EPS. En su intervención, el jefe de Estado defendió su gestión y la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS y a otras entidades promotoras de salud.

Sin embargo, el discurso generalizado de la oposición en redes sociales y espacios de opinión es otro y se centra en extender una crítica al Gobierno nacional por los resultados de las intervenciones. Aseguran que la prestación de los servicios de salud se ha deteriorado todavía más con las acciones de los agentes interventores en las EPS. Esto, yendo en contra de datos presentados por el jefe de Estado en la alocución.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La Presidencia contrarió esta perspectiva, indicando que las órdenes de intervención forzosa obedecieron a la identificación de problemáticas en la atención de los usuarios y otras irregularidades relacionadas con el manejo del dinero. Aclaró que ni la política ni los intereses particulares fueron motivaciones para tomar medidas.

“La intervención no respondió a intereses personales ni a cálculos políticos. Respondió a una verdad que ya no se podía callar. Durante décadas, los recursos públicos de la salud se movieron sin control. Eso se acabó”, indicó.

Este mensaje fue replicado por otras entidades del Estado a través de X, como por ejemplo el Servicio Geológico Colombiano, la Superintendencia Nacional de Salud y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).

El caso de la Nueva EPS: intervención sirvió para revelar irregularidades

En su alocución, el presidente Gustavo Petro explicó que, en el caso de la Nueva EPS, la intervención de la Superintendencia permitió develar varias irregularidades en el uso de los recursos públicos. Tanto así, que se evidenció que los exdirectivos de la entidad ocultaron 12 millones de facturas, aproximadamente, por $5 billones.

Además, reveló que los exfuncionarios presentaron cifras “maquilladas” a la Superintendencia para mostrar un patrimonio positivo y evitar una intervención, mientras que, al mismo tiempo, expusieron otros datos falsos al Ministerio de Salud para demostrar una supuesta falta de recursos y exigir más dinero para operar y garantizar la prestación de los servicios.

En ese sentido, a su juicio, la intervención fue exitosa, toda vez que permitió dejar en evidencia varios hechos de corrupción que se están investigando y actuar para evitar el robo de más recursos. Por eso, en las EPS ya intervenidas se aplicó el giro directo a las IPS y otros actores del sistema, con el fin de impedir que las EPS siguieran siendo administradoras del gasto.

Sin embargo, reconoció que hubo fallas, debido a que las personas que pasaron a manejar las entidades tras las intervenciones no cumplieron con sus obligaciones. “Los interventores de estos dos años han continuado, en general, la misma contratación de las EPS que traían antes. Tamaño error. Orden, se cambia completamente”, precisó el mandatario.

No obstante, en redes sociales, varios políticos recordaron los hallazgos de la Contraloría General de la República tras una revisión de los estados financieros de la Nueva EPS. Indicaron que, según la el máximo órgano de control fiscal del Estado, en lo corrido de 2025, cuando ya la Superintendencia había intervenido la entidad promotora, se registró un “crecimiento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar”, lo que demostraría malos manejos de los recursos.

“Al corte de junio se acumulan $6,6 billones adicionales frente al total reportado durante la vigencia 2024, pasando de $8.6 billones a $15.27 billones, situación que compromete la liquidez institucional y aumenta el riesgo de un posible detrimento patrimonial, especialmente aquellos que superan los 2 años por valor de $143 mil millones”, aclaró la Contraloría en el informe.