El nombramiento del politólogo y exactor de pornografía Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad y Equidad derivó en una ola de críticas por parte de hombres y mujeres que cuestionan el hecho de que podría estar ocupando un cargo destinado a una mujer. Sus quejas se basan en lo establecido en la Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas), que establece que las mujeres deben estar en al menos el 50% de los cargos de distinto nivel decisorio en el Gobierno.
La Defensoría del Pueblo, a cargo de Iris Marín, se sumó al debate por medio de un comunicado en que el que advirtió sobre el incumplimiento de la paridad de género en la composición del gabinete ministerial actual, señalando que la participación de mujeres no alcanza el mínimo legal establecido en la normativa vigente. De acuerdo con el pronunciamiento difundido por la entidad, la integración del gabinete no cumple con la Ley 581 de 2000, modificada por la Ley 2424 de 2024.
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Según la Defensoría, esta obligación legal tiene sustento en la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, organismos que indican que la paridad constituye un mecanismo efectivo para garantizar los derechos de las mujeres. En ese sentido, en el Gobierno debe haber al menos 10 ministras y en las 19 carteras que hay actualmente.
“La paridad de género constituye un principio de justicia redistributiva y de reconocimiento, cuyo objetivo es corregir la exclusión sistemática e histórica de las mujeres en los escenarios de toma de decisión y ejercicio del poder, los cuales se han concentrado en manos de hombres, en su mayoría cisgénero, blancos y con una posición socioeconómica privilegiada”, detalló la Defensoría.
El debate en torno a la identidad de género
El problema con Florián radica en que fue nombrado ministro de Igualdad, pese a que, por Ley de Cuotas, ese lugar debería ocuparlo una mujer. Pero, el funcionario defiende su designación y se mantiene en el puesto bajo el argumento de que es una persona de género fluido, que no se identifica precisamente como mujer y hombre, pero que se llama a sí mismo en femenino.
Insiste, incluso, en que lo establecido en la normativa con respecto a la participación política de las mujeres en espacios de decisión es excluyente, porque la Ley de Cuotas es “muy binaria” y no tiene en cuenta a las personas con identidades diversas.
En ese sentido, aunque la entidad reconoce la importancia de visibilizar las identidades y expresiones de género en escenarios de poder, aclara que la designación de ministras y ministros debe asegurar la inclusión, sin que la diversidad de orientaciones o identidades permita disminuir la proporción femenina prevista por la ley.
“El problema no es que una persona no binaria acceda a altos cargos de poder del Estado, eso es positivo. El problema es que se haga a costa de la representación de las mujeres. La solución no es la disputa de unos pocos cupos entre mujeres y personas no binarias, sino la ampliación de la participación de todas las poblaciones en toda su diversidad, sin desconocer la obligación de paridad”, precisó.
Así las cosas, la Defensoría aseguró que se necesita avanzar en políticas públicas sostenidas para la promoción efectiva de la equidad y la eliminación de barreras históricamente presentes en los espacios de decisión del Estado. “La discusión debe darse con rigor técnico, jurídico y político, asegurando el cumplimiento efectivo de los derechos y la consolidación del principio democrático”, explicó.
La senadora Angélica Lozano reaccionó al comunicado de la Defensoría, afirmando que la responsabilidad sobre el debate que ahora surge alrededor del tema recae en el ministro Florián, que expresó públicamente sus reparos ante lo dispuesto en la normativa, que busca dar un espacio a las mujeres en los escenarios de poder en Colombia.
“Quien debe tener tan elemental claridad y criterio es el ministro que dice que la prioridad es pensar en personas como él porque no se identifica ni como hombre ni como mujer, agrega que la ley quedó mal porque se trata solo de mujeres”, detalló.
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