El Gobierno de Gustavo Petro incluyó los costos de la reforma a la salud en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, una medida que busca responder a la crisis del sistema de salud y que generó un intenso debate en el Congreso de la República. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, informó que el proyecto de ley contempla recursos por $112,6 billones para 2026, equivalentes al 5,88% del Producto Interno Bruto (PIB), con una proyección de aumento hasta $191,7 billones en 2036, lo que representaría el 7,28% del PIB.
Durante su intervención ante la Comisión Séptima del Senado, el funcionario explicó que el Ministerio de Hacienda no presentará estimaciones de gasto detalladas, como solicitaron varios senadores, porque “el aval no puede tener estudios de cada una de las obras que se van a ejecutar”.
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El funcionario insistió en que los avales fiscales deben ajustarse con el tiempo y afirmó: “Ningún ministro de Hacienda puede entregar las mismas cifras de aval dos años después y con un nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo. Esto es de elemental entendimiento, es absolutamente lógico y razonable”.
La controversia en el Congreso se intensificó por la negativa del Ministerio de Hacienda a entregar nuevas estimaciones y por la sucesión de avales fiscales, que ya suman seis versiones distintas. El senador Fabián Díaz, del partido Verde, expresó su inconformidad ante la presentación de cifras adicionales, mientras que su colega Norma Hurtado también cuestionó la multiplicidad de avales.
Claridad para debatir la reforma
No obstante, el ministro Ávila defendió la actualización de los avales y pidió claridad sobre la disposición real de los congresistas para debatir la reforma. “Me parece que hay una forma que se está administrando para nunca tener satisfacción y evitar así el inicio del debate de las ponencias”, afirmó al manifestar su molestia por la cantidad de solicitudes dirigidas a los ministerios.
El ambiente en la Comisión Séptima del Senado se tornó tenso, con acusaciones de “saboteo” y dilación del trámite legislativo. Ávila anunció su retiro del recinto tras varias horas de debate con el argumento de que debía continuar con la elaboración del documento final del presupuesto para 2026, cuyo monto asciende a $556,7 billones y debe aprobarse antes del 15 de septiembre.
Cinco meses después de haber sido aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes, la reforma a la salud se debatirá en la Comisión Séptima del Senado. El ministro del Interior, Armando Benedetti, comunicó que el presidente de la Comisión, Miguel Ángel Pinto, le confirmó el inicio del debate para el próximo martes.
“Miguel Angel Pinto me confirma que el próximo martes empieza el debate de la tan necesitada Reforma a la Salud. Está desde el 2 de abril en la Comisión Séptima del Senado, 5 meses después se empezará a discutir. Creería que la votación será rápida porque tiempo sí han tenido para estudiarla. La salud está en manos de la Comisión Séptima del Senado”, escribió Benedetti en su cuenta de X.
La resistencia de la Comisión Séptima
La Comisión Séptima, sin embargo, se consolidó como un espacio de resistencia frente a las reformas sociales del Gobierno. En abril de 2024, la reforma a la salud fue archivada tras una votación en la que nueve senadores se opusieron y solo cuatro la respaldaron. La composición mayoritariamente opositora de la comisión quedó reflejada en la elección de Miguel Ángel Pinto como presidente, que obtuvo ocho de los 14 votos. La Reforma Laboral también enfrentó obstáculos similares, aunque finalmente fue aprobada tras una consulta popular y un proceso legislativo extendido.
La ponencia que se debatirá en la comisión fue firmada en junio por los senadores Martha Peralta, Ferney Silva y Wilson Arias, del Pacto Histórico; Omar de Jesús Restrepo, de Comunes; y Fabián Díaz, de Alianza Verde. Entre las principales propuestas de la reforma se encuentra la transformación de las EPS en Gestoras de Salud y Vida, que dejarían de manejar recursos directamente. El control del dinero pasaría a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), y se crearían los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) como primer nivel de atención.
Crisis del sistema de salud
El debate legislativo se desarrolla en medio de crisis para el sistema de salud colombiano. La empresa Keralty denunció el “daño devastador” causado por la intervención en Sanitas, mientras que la Contraloría General de la República alertó sobre la grave situación financiera de la Nueva EPS. Estas circunstancias han incrementado la presión sobre el Congreso para avanzar en la discusión y eventual aprobación de la reforma.
En este escenario, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, instó a la Comisión Séptima del Senado a tomar decisiones que garanticen el acceso a la salud como un derecho fundamental para la población colombiana, subrayando la trascendencia del momento para el futuro del sistema sanitario nacional.
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