Nuevo golpe al bolsillo: así subirán las pensiones en los colegios privados de Colombia en 2026

La conversación sobre cuánto costará la educación privada en Colombia el próximo año ya está sobre la mesa. El Ministerio de Educación publicó el proyecto de resolución que define los parámetros de incremento de matrículas y pensiones para 2026, un tema que toca directamente a cerca de dos millones de estudiantes y a sus familias, quienes mes a mes destinan buena parte de sus ingresos a financiar la formación escolar.

Aunque de los 13.000 colegios que existen en el país solo 3.800 son privados, estas instituciones concentran al 20% de la población estudiantil de primaria y secundaria. El dato no es menor, de los 9,5 millones de niños y jóvenes matriculados en 2023, alrededor de dos millones asisten a colegios de carácter particular. Por eso, la noticia de un ajuste en las tarifas es seguida con lupa por los hogares.

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El documento oficial detalla que el incremento permitido no será igual para todos los colegios, sino que dependerá de varios criterios. Entre ellos están la clasificación por autoevaluación institucional, el índice de permanencia, la inclusión de estudiantes con discapacidad, el reconocimiento a la labor docente y, por supuesto, la inflación. Sobre este último punto, el Dane confirmó que en agosto de 2025 la variación anual del Índice de Precios al Consumidor fue de 5,10%, un dato clave porque sirve de base para calcular los topes.

En el mejor de los escenarios, los colegios clasificados en régimen de libertad regulada, que cuenten con certificación o acreditación de calidad, desarrollen programas de educación inclusiva, paguen al menos al 80% de sus maestros con la escala del magisterio y registren altos niveles de permanencia, tendrán la posibilidad de aumentar hasta en 9,1% sus matrículas. Traducido a un ejemplo cotidiano, si este año una pensión es de un millón de pesos, en 2026 pasará a 1.091.000.

Pero no todas las instituciones cumplen esos requisitos. Para aquellas que también están en régimen de libertad regulada, pero que no cuentan con acreditación de calidad sino con una autoevaluación institucional, el margen de incremento será menor: 8,93%. Bajo el mismo ejemplo, la pensión de un millón subiría a 1.089.300.

El panorama cambia con los colegios ubicados en el régimen de libertad vigilada. En este grupo, los aumentos estarán determinados por una tabla que combina varios factores, desde la clasificación en autoevaluación, que permite un 0,66% adicional, hasta el reconocimiento a la labor docente (2,2%), pasando por la inclusión educativa (0,3%) y el nivel de permanencia, que varía entre 0,16% y 0,5% según el desempeño. En total, estos colegios podrán ajustar como máximo un 8,76%. La diferencia frente a los regulados es que, en su caso, la tarifa del primer grado no podrá fijarse libremente, sino que también se regirá por los topes definidos.

En el último peldaño aparecen las instituciones en régimen controlado. Allí, las secretarías de Educación serán las encargadas de establecer el porcentaje, con un techo máximo del 8,1%. A diferencia de otros regímenes, los incrementos no los decide el colegio, sino la autoridad local.

El proyecto también aclara algunas condiciones que buscan equilibrar la relación entre colegios y familias. Se permitirá que las instituciones otorguen descuentos sobre la tarifa autorizada, siempre y cuando estos queden explícitos en el manual de convivencia, en el contrato de matrícula y se reflejen en los estados financieros. Además, se mantiene la posibilidad de que, en caso de mora en los pagos, los colegios retengan los informes de evaluación. No obstante, hay un límite claro, en ningún caso podrán suspender la prestación del servicio, ni impedirles participar en el proceso educativo, lo que incluye presentar evaluaciones y/o recuperaciones, retirarlos del salón de clase, participar de actividades pedagógicas, y demás actividades académicas, en garantía del derecho a la educación.

Otro aspecto particular está relacionado con el primer grado que ofrezca cada colegio. Como no existen datos de permanencia previos, las instituciones tienen libertad para definir la tarifa inicial, lo que explica por qué muchos de los cursos más costosos suelen ser los de preescolar.