En la tarde del lunes 1 de septiembre de 2025, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) alzó la voz frente a la difícil situación que atraviesan los planteles masculino y femenino del Deportivo Cali.
En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, el gremio denunció que el club vallecaucano acumula tres meses de atraso en el pago de salarios, dos meses de incumplimiento en la prima legal y ahora también presenta deudas relacionadas con los aportes a la seguridad social.
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La noticia ha generado gran indignación en la opinión pública y revive el debate sobre la responsabilidad de los clubes y las autoridades en la protección de los derechos de los jugadores.
“¡Indignante!”, inicia el pronunciamiento de Acolfutpro, en el que se señala que esta situación no solo afecta la estabilidad económica de los futbolistas, sino también su bienestar personal y el de sus familias.
El gremio enfatizó en que el incumplimiento de pagos compromete la dignidad profesional de quienes defienden los colores del club, a la vez que refleja un problema estructural que se ha repetido en varios equipos del fútbol colombiano.
Y es que Deportivo Cali, uno de los clubes históricos del país, no atraviesa su mejor momento institucional. A los problemas deportivos y financieros que se arrastran desde hace varias temporadas, ahora se suma una crisis laboral que pone en tela de juicio la gestión administrativa de la institución.
La falta de liquidez para cumplir con obligaciones básicas como el pago de salarios refleja una situación límite que, de no resolverse pronto, podría derivar en sanciones más severas tanto en lo deportivo como en lo legal.
El comunicado de Acolfutpro no se quedó solo en la denuncia. También hizo un llamado directo a los ministerios de Trabajo y Deporte, recordándoles que tienen la obligación de ejercer inspección, vigilancia y control, tal como lo establece la Ley 1445 de 2011.
Para el gremio, resulta inaceptable la actitud pasiva de las autoridades frente a hechos que atentan contra la legalidad y que, en este caso, afectan directamente a decenas de futbolistas profesionales.
“Esta grave vulneración de derechos no solo afecta la estabilidad económica de nuestros compañeros y compañeras, sino que pone en riesgo su bienestar y el de sus dependientes, al mismo tiempo que afecta su dignidad profesional”, puntualizaron desde Acolfutpro.
Deportivo Cali afronta una delicada situación económica
Desde hace años, Deportivo Cali ha arrastrado una deuda estructural que ha ido en aumento constante. Para finales de 2023, el déficit del club superaba los 110.000 millones de pesos.
En julio de 2024 la Superintendencia de Sociedades confirmó que el club solicitó acogerse a un proceso de reestructuración bajo las leyes 550 y 1445 con un pasivo cercano a los 113.000 millones de pesos, un paso legal y necesario frente a sus dificultades financieras.
Una auditoría forense realizada a finales de 2024 descubrió irregularidades preocupantes entre 2010 y 2022: de los ingresos obtenidos por ventas de jugadores, en al menos 14 de 31 operaciones se identificaron hallazgos que afectaron la transparencia del proceso.
Además, en numerosos casos no se evidenció la aprobación del comité ejecutivo para dichas transacciones, lo que acentúa la crisis institucional del club.
La falta de recursos permea las operaciones diarias. Según su directiva, el club gasta unos 3.400 millones de pesos mensuales, pero ingresos que rondaban los 2.000 millones resultan insuficientes, generando un aumento constante del pasivo.
Sumado a esto, la operación del estadio Palmaseca genera pérdidas significativas: cada partido llega a costar entre 50 y 70 millones de pesos, y se han acumulado deudas por más de 2.700 millones en gastos logísticos.
Ante este panorama crítico, el club ha explorado varias vías para estabilizarse. Ya cuenta con intereses de al menos cinco inversionistas (tanto nacionales como internacionales) para inyectar capital y reorganizar su estructura jurídica como S.A.
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