El gobierno de Gustavo Petro presentó un nuevo proyecto de reforma tributaria que contempla un aumento progresivo del IVA en los combustibles y otros impuestos, lo que, según estimaciones de expertos y representantes del sector petrolero, incrementará de manera considerable el precio de la gasolina y el diésel (ACPM) a partir de 2026.
La propuesta, radicada el 1 de septiembre en el Congreso de la República como ley de financiamiento, tiene como objetivo recaudar $26,3 billones para cubrir el déficit presupuestal nacional, una cifra que evidencia la magnitud del ajuste fiscal planteado.
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La reforma establece un calendario escalonado para la aplicación de los nuevos gravámenes. En el caso de la gasolina corriente, el IVA subirá al 10% en 2026 y alcanzará la tarifa general del 19% desde 2027. Para el diésel (ACPM), la tarifa del 10% se aplicará en 2026 y 2027, y a partir de 2028 regirá la tarifa general.
Impuesto al carbono
Además, el proyecto prevé un incremento en el impuesto nacional al carbono, que desde 2026 será de $42.609 por tonelada de dióxido de carbono equivalente, lo que representa $384 adicionales por galón de gasolina.
El alcohol carburante destinado a mezclas con gasolina también quedará gravado con la tarifa general a partir de julio de 2026.
Posibles precios finales de la gasolina y el ACPM
Las proyecciones sobre el impacto en los precios finales varían. El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, explicó en entrevista con Blu Radio que el galón de gasolina corriente en Bogotá, actualmente en $16.293, podría subir a $17.330 y luego a $18.000. En el caso del diésel, el precio pasaría de $10.936 a $11.788.
Pearl advirtió: “Se está generando un efecto inflacionario que impacta a empresas y familias y puede tener efectos recesivos”. El directivo también resaltó que, aunque el Gobierno busca diferir parte del impacto, “traslada el problema al próximo periodo, pero el impacto lo verá el consumidor”.
Encarecimiento adicional
El profesor asociado de la Universidad de los Andes, Sergio Cabrales, estimó que “con la reforma tributaria, el precio de la gasolina podría aumentar más de 11%, superando los $18.100 por galón”.
Cabrales detalló, por medio de X, que el conjunto de medidas fiscales, incluyendo el aumento del IVA y el impuesto al carbono, “implicarán un encarecimiento adicional que llevará el precio final de la gasolina por encima de los $18.100 por galón”.
Sobre quiénes recaerán los efectos
El sector petrolero y los expertos ya manifestaron preocupación por el efecto de estos incrementos en la economía real. Pearl señaló que los ajustes recaerán sobre los consumidores finales y podrían presionar las tarifas del transporte, lo que a su vez afectaría a empresas y familias. Además, advirtió sobre el riesgo de incumplir acuerdos previos con los transportadores, ya que las alzas en el diésel podrían trasladarse a los costos logísticos y de movilidad.
Al respecto, el presidente de la ACP también cuestionó la frecuencia de las reformas tributarias, al considerar que “reformas tributarias frecuentes no resuelven el problema estructural y afectan la inversión privada”.
Qué dice el Gobierno
Desde el Gobierno, la respuesta ha sido clara. El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, aseguró que el aumento del IVA no se reflejará necesariamente en un incremento del precio final de los combustibles. Y el presidente Gustavo Petro, por medio de sus redes sociales, defendió la reforma y sostuvo que los nuevos impuestos recaerán principalmente sobre los sectores más ricos del país.
Petro afirmó: “Si el congreso hunde la reforma que pone impuestos a los riquísimos, no quedará más recurso que la gasolina para devolver el subsidio por 70 billones, que es la verdadera causa del déficit”. El mandatario insistió en que el objetivo es financiar el gasto social y la equidad, y que los impuestos a los hidrocarburos buscan “salvar la vida”.
Otro aspecto relevante de la reforma es la propuesta de reducir la deducibilidad de los bonos de carbono del 50% al 30%. Frank Pearl advirtió al medio que la medida podría afectar la demanda de estos instrumentos y limitar la posibilidad de monetizar la biodiversidad del país, lo que, en su opinión, representa la pérdida de una oportunidad para crear un nuevo mercado.
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