La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena contra Patricia Gamboa Rodríguez, exencargada del presupuesto del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Idexud) de la Universidad Distrital de Bogotá, por facilitar la desviación de recursos públicos en beneficio del entonces director del instituto.
El fallo se produjo tras evaluar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación durante el juicio oral y revisar los argumentos expuestos por la defensa en un recurso de apelación.
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Gamboa Rodríguez fue encontrada responsable de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.
Como resultado, deberá cumplir una pena de 17 años y 8 meses de prisión, una inhabilidad de 212 meses para ejercer funciones públicas y el pago de una multa que asciende a 5.246 millones de pesos.
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De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación, la exfuncionaria quedará recluida en centro carcelario.
La investigación, liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, evidenció que entre 2014 y 2018 Gamboa Rodríguez expidió de manera irregular 372 Certificados de Registro Presupuestal (CRP).
Estos documentos respaldaron el mismo número de órdenes de pago, por un total de 6.995 millones de pesos. Adicionalmente, entre 2015 y 2019, firmó 279 Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para autorizar transferencias de 4.852 millones de pesos.
De esta manera, permitió y facilitó la apropiación de los recursos públicos, desviando fondos para favorecer al entonces director del Idexud.
Para simular legalidad en estos movimientos de dinero, la extesorera firmó 651 documentos falsos que sustentaban aparentes pagos a contratistas y gastos administrativos, aunque en realidad no existían facturas ni cuentas de cobro que respaldaran esas operaciones, según indicó la Fiscalía General de la Nación.
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El fallo añade que por estas actuaciones, Gamboa Rodríguez recibió un tiquete aéreo a Europa valorado en aproximadamente cinco millones de pesos.
La condena fue confirmada tras demostrar que el accionar de la exfuncionaria sirvió para materializar la sustracción ilegal de bienes públicos.
La Fiscalía General de la Nación reiteró que la decisión contribuye al fortalecimiento del control institucional y a la lucha contra la corrupción en entidades educativas.
El proceso subraya la importancia de la vigilancia continua sobre los procedimientos administrativos y financieros para evitar futuros desvíos de recursos públicos y responsabilizar a quienes incurran en irregularidades.
Corte Suprema llamó a juicio a Iván Name y Andrés Calle por presunta corrupción en el escándalo de la Ungrd
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, por presunta participación en el escándalo de corrupción ligado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (Ungrd).
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Los excongresistas enfrentarán cargos por cohecho impropio y peculado por apropiación.
El proceso judicial se deriva de la supuesta recepción de dinero proveniente de la Ungrd para favorecer la aprobación de proyectos en trámite legislativo.
“Name Vásquez y Calle Aguas son investigados por presuntamente recibir dinero proveniente de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) a cambio de favorecer la aprobación de proyectos en trámite en el legislativo”, detalla el comunicado de la Corte Suprema de Justicia.
El tribunal considera que existen elementos de prueba suficientes para llevar el caso a juicio.
Según la ponencia, liderada por el magistrado Francisco Farfán, se apoyó en declaraciones, chats, registros de ingreso y testimonios, que señalan la entrega de beneficios económicos para acelerar iniciativas gubernamentales.
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Parte de la investigación señala que Iván Name habría recibido 1.000 millones de pesos, mientras que Andrés Calle habría percibido 3.000 millones, fondos provenientes de un contrato sobre la compra de 40 carrotanques para abastecimiento de agua en La Guajira.
El expediente cuenta con la colaboración de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, como intermediarios, y los aportes del exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el prestamista Pedro José Castro.
Ambos parlamentarios permanecen recluidos en la cárcel La Picota bajo medida de aseguramiento desde el 7 de mayo de 2025.
El caso pasará a la Sala Especial en Primera Instancia para el desarrollo del juicio.
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