El futuro del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 sigue rodeado de dudas. Aunque el Gobierno aspira a que el Congreso le apruebe una cifra cercana a los $557 billones, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que para cumplir con las metas fiscales será necesario un ajuste importante: un recorte de $45,4 billones, equivalente al 2,4% del PIB.
El Comité ya había alertado en agosto sobre la necesidad de recortar $39,4 billones. Sin embargo, sus proyecciones más recientes elevaron la cifra. “La diferencia de $6,1 billones entre los dos escenarios se explica en su totalidad por una mayor expectativa de gasto fiscal”, explicó la entidad. La presión, en buena medida, viene del rubro de pensiones, que aumentó en $5,6 billones frente al cálculo inicial, junto con mayores gastos de personal por $1,6 billones.
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El presupuesto proyectado marca un aumento respecto al de 2025, con un crecimiento que se concentra en frentes como transferencias sociales, subsidios y funcionamiento del Estado. La presión sobre las finanzas públicas se explica, en buena parte, por la necesidad de responder a demandas inmediatas por ejemplo, sostenimiento de programas sociales, pago de deuda y compromisos en salud y educación.
La paradoja es evidente. Mientras el Gobierno defiende la expansión como una señal de continuidad en la inversión pública, los analistas advierten que el margen de maniobra se estrecha. El ingreso tributario no crece al mismo ritmo, y los recaudos extraordinarios de la reforma tributaria anterior comienzan a perder fuerza. Esto genera dudas sobre cómo financiar un presupuesto más amplio sin recurrir a mayores niveles de endeudamiento.
El Congreso, por su parte, se convierte en un escenario donde convergen intereses políticos y regionales. Gobernadores y alcaldes interinos presionan para garantizar obras y transferencias en sus territorios, mientras las bancadas opositoras ponen la lupa sobre el tamaño del déficit. Esa combinación anticipa una discusión intensa en la que los recortes no serán fáciles de negociar.
Ajustes y tensiones fiscales
El dilema fiscal se refleja en las advertencias de los organismos de control y los centros de estudio. Si bien reconocen que la inversión social no puede frenarse de manera abrupta, insisten en la necesidad de racionalizar el gasto y revisar partidas que no generan impacto estructural. Hablan de “priorizar lo esencial” y de dejar atrás la dispersión de recursos en proyectos con bajo retorno económico.
Otro punto crítico es la deuda pública. Su peso creciente compromete cada vez más recursos del presupuesto y reduce el espacio para la inversión. De hecho, los pagos asociados a deuda ya rivalizan con los de sectores estratégicos como educación, salud y seguridad, lo que obliga a pensar en ajustes que van más allá del corto plazo, incorporando medidas graduales, consensuadas y técnicamente sustentadas que garanticen sostenibilidad fiscal, protejan la estabilidad económica y preserven la confianza de los ciudadanos en las decisiones de política pública.
En ese contexto, la regla fiscal vuelve a estar en el centro del debate. Aunque el Gobierno sostiene que cumple con ella, algunos analistas advierten que el margen de flexibilidad se agota y que el país corre el riesgo de enviar señales negativas a los mercados internacionales si insiste en ampliar el gasto sin medidas claras de compensación.
El PGN 2026, más que una cifra global, se convierte así en un termómetro de la economía política del país. La manera en que se resuelva la tensión entre gasto y disciplina fiscal marcará la confianza de inversionistas, la relación con el Congreso y la capacidad del Ejecutivo para sostener sus programas bandera.
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