En un insólito ataque de ira e intolerancia, un hombre apuñaló a un perro, al ser acusado de robarle el producto de su establecimiento comercial.
El hombre, que labora como carnicero, atacó con arma blanca al canino en el parque de Las Palomas, en el municipio de Girón (Santander), tras señalarlo de haber hurtado de su local cinco libras de carne.
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El caso provocó rechazo e indignación, y encendió las alarmas sobre el maltrato animal, que en algunos casos quedan impunes.
El estado de salud del canino apuñalado
El perro, llamado Maxi, sufrió una herida compleja tras la situación protagonizada por Jorge Trillos, el carnicero del sector que alegó que el animal había robado carne de su establecimiento, al parecer, sin fundamento alguno.
Tras el traslado del animal a una clínica veterinaria, los profesionales realizaron un barrido ecográfico que habría descartado la presencia de alimento en el organismo del canino.
Jenny Suárez, abogada de la Fundación Comando Activista de Derecho Animal y Ambiental, confirmó que la versión del presunto robo no fue respaldada por el informe veterinario, lo que refuerza la gravedad del acto cometido.
Asimismo, se conoció que el animal estuvo al borde de la muerte y permanece bajo tratamiento médico, en proceso de recuperación. La herida sufrida requirió atención especializada y dejó una deuda veterinaria considerable para su dueña.
Desde la fundación, Suárez asumió el acompañamiento legal de la tutora de Maxi. Explicó que el caso será llevado ante la justicia bajo el artículo 339C del Código Penal, contemplado en la Ley Ángel, que establece penas de prisión para quienes causen lesiones graves a los animales.
Agresor pidió disculpas a los afectados
En respuesta a lo sucedido, Trillos habría reconocido públicamente su responsabilidad y ofreció disculpas a la dueña de Maxi.
Su familia, en particular su esposa e hijas, asumió parte de los gastos médicos derivados de la atención veterinaria. No obstante, la deuda no ha sido saldada en su totalidad y, según la abogada Suárez, la familia del agresor buscó resolver el conflicto únicamente mediante el pago de los costos médicos.
La dueña de Maxi, por su parte, decidió no aceptar un acuerdo extrajudicial y mantiene su determinación de continuar con el proceso penal. Suárez señaló que la intención de la familia de Trillos era limitar la resolución del caso al pago de la veterinaria y evitar que el hecho trascendiera como un delito, pero la tutora del animal insiste en que se haga justicia a través de los tribunales.
“Las hijas y la esposa del señor Jorge Trillosson las únicas que han asumido la responsabilidadde los gastos médicos de Maxi, pero aún así hay una deuda veterinaria y también pretendían que el caso se quedara meramentecon el pago de la veterinariay silenciar estehecho delictivo, perola dueña no aceptay persiste en seguir con el proceso penal”, dijo puntualmente la abogada, citado por Caracol Radio.
La Ley Ángel, en la que se fundamenta la judicialización de este caso, fue incorporada al Código Penal colombiano para sancionar con prisión a quienes inflijan lesiones graves a los animales.
El artículo 339C establece que cualquier persona que cause daño que menoscabe gravemente la salud o la integridad de un animal puede enfrentar consecuencias penales, lo que refuerza la importancia de la protección animal en el país.
Mientras la familia del agresor intentó resolver la situación con el pago de la atención veterinaria, la dueña de Maxi se mantendría firme en su decisión de buscar justicia por la vía penal, rechazando cualquier intento de silenciar el hecho y exigiendo que se reconozca la gravedad del delito cometido.
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