Procuraduría investiga a Asamblea de Putumayo y Universidad de la Costa por elección de contralor

La Procuraduría General de la Nación inició una actuación disciplinaria en relación con la Asamblea de Putumayo y la Corporación Universidad de la Costa (CUC), luego de recibir reportes sobre supuestas anomalías en los procesos que llevaron a la designación del contralor departamental.

El anuncio se conoció este miércoles 27 de agosto y hace referencia a hechos ocurridos en los periodos 2022-2025 y 2026-2029.

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De acuerdo con la información divulgada por el organismo de control, el objetivo de la investigación es establecer si se presentaron vulneraciones a los principios de planeación y selección objetiva en los contratos que firmó la Asamblea con la universidad para organizar los concursos de méritos.

Según la normativa vigente, estos principios buscan garantizar transparencia y equidad en los procesos de contratación estatal.

El Ministerio Público precisó que las pesquisas no se limitan a revisar la contratación, sino que también buscan establecer si existió algún tipo de falta disciplinaria en el desarrollo de los concursos de selección. En un comunicado recogido por W Radio, la entidad señaló:

“La Procuraduría avanza en la recaudación de pruebas para individualizar a los presuntos autores de las conductas y determinar si estas constituyen faltas disciplinarias”.

Este pronunciamiento marca una nueva etapa en la revisión de los procedimientos adelantados para escoger al contralor de Putumayo. El cargo de contralor departamental tiene la función de vigilar el uso de los recursos públicos en la región, lo que hace que la forma de su elección sea un asunto de alto interés para las autoridades y la ciudadanía.

Las investigaciones se centran en dos puntos principales. Por un lado, se evalúa el contrato suscrito con la Universidad de la Costa para realizar el concurso de méritos correspondiente al periodo 2022-2025. Por otro, se revisa un convenio posterior que permitió llevar a cabo el concurso con el que se escogió al contralor del periodo 2026-2029. En ambos casos, la Procuraduría busca determinar si se cumplieron los parámetros legales que exige la contratación pública en Colombia.

La Corporación Universidad de la Costa, con sede en Barranquilla, fue la institución elegida por la Asamblea de Putumayo para organizar los dos concursos. Este tipo de convenios son habituales en el país, ya que las universidades pueden adelantar procesos de selección meritocrática para entidades estatales. Sin embargo, las reglas de contratación obligan a que dichos convenios se hagan bajo criterios de objetividad y transparencia.

La Procuraduría también explicó que las indagaciones pretenden esclarecer si en los procedimientos hubo incumplimiento de las obligaciones contractuales o deficiencias que afectaran la validez de los concursos. En este sentido, se revisarán actas, documentos de planeación, registros de calificación y demás pruebas relacionadas con el proceso.

Por ahora, el organismo de control no ha señalado a funcionarios específicos como responsables. No obstante, indicó que se encuentra recopilando material probatorio con el fin de identificar a los posibles autores de las conductas investigadas. Una vez se establezca esta individualización, se procederá a determinar si existe mérito para formular cargos disciplinarios.

El interés de la Procuraduría en este caso responde al mandato de vigilancia sobre la función pública y a la necesidad de garantizar que los mecanismos de selección de contralores cumplan con los principios de mérito, transparencia y eficiencia. El cargo de contralor departamental no solo supervisa las finanzas del departamento, sino que también ejerce control sobre las alcaldías y entidades descentralizadas, lo que le otorga un papel clave en la lucha contra la corrupción.

En los últimos años, distintos procesos de elección de contralores en el país han estado bajo la lupa de organismos de control, precisamente por denuncias de posibles irregularidades en los concursos. Estos procesos, que deben realizarse bajo el modelo de mérito, han sido cuestionados por supuestos acuerdos políticos, deficiencias técnicas o problemas en la contratación de las universidades encargadas de ejecutarlos.

La apertura de esta investigación refleja el interés del Ministerio Público en revisar la forma en que la Asamblea de Putumayo llevó a cabo la delegación de este proceso a una institución académica. De acuerdo con lo revelado por W Radio, el foco está en establecer si se ajustaron a derecho los contratos firmados y si los concursos cumplían los requisitos para garantizar igualdad de condiciones a los participantes.

En caso de confirmarse faltas disciplinarias, los responsables podrían enfrentar sanciones que van desde suspensiones en el cargo hasta destituciones e inhabilidades, de acuerdo con el Código Disciplinario Único. Sin embargo, el proceso aún se encuentra en etapa preliminar y dependerá del análisis de las pruebas recaudadas para determinar la procedencia de un pliego de cargos.