La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha dictado una sentencia ejemplar: condenó al exrepresentante a la Cámara por el Vichada Gustavo Londoño García como coautor del delito de corrupción de sufragante, con relación a su campaña electoral para las elecciones legislativas del 11 de marzo de 2018.
En paralelo, el excongresista fue absuelto del cargo de tráfico de votos. Esta resolución se basa en una práctica clientelista que distorsionó el derecho al voto en comunidades vulnerables.
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Según el fallo, lo determinante fueron los ofrecimientos masivos de títulos de bachillerato y cursos de capacitación, expedidos por el instituto Petroschool, que fueron entregados como incentivo para sufragar a favor de Londoño en zonas del Vichada.
La Corte aportó una contundente valoración al señalar que el excongresista “no solo consintió, sino que se benefició directamente de esa entrega masiva de títulos académicos sin respaldo legal, como forma de captar apoyo electoral en comunidades vulnerables del departamento del Vichada”.
Además, al alto tribunal precisó que la estrategia fue diseñada y ejecutada desde la sede misma de su campaña, en estrecha coordinación con el rector de Petroschool, “transformando una necesidad social del acceso a la educación, como forma de desarrollo, en un instrumento de manipulación clientelista, donde el conocimiento fue sustituido por el cálculo electoral”.
El tribunal destacó que el voto ciudadano representa un derecho fundamental, y su ejercicio libre e informado constituye la base de la democracia. Por ello, la entrega de dádivas —o en su caso, beneficios educativos— a cambio de sufragios constituye una violación grave tanto a la transparencia electoral como a la legitimidad institucional del sistema político.
Las medidas judiciales impuestas son contundentes: 66 meses y un día de prisión, junto con inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo periodo, y una multa equivalente a 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes en ese entonces.
La Corte rechazó la posibilidad de otorgar el subrogado de suspensión condicional de la ejecución de la pena, al considerar que no se cumplían los presupuestos legales. Sin embargo, en una medida excepcional, se concedió la sustitución de la pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario por prisión domiciliaria, la cual se hará efectiva una vez la sentencia adquiera firmeza.
Qué penas implica el delito de corrupción de sufragante
El delito de corrupción de sufragante, tipificado en el artículo 390 del Código Penal colombiano, establece que quien ofrezca, prometa, pague o entregue dinero, dádivas o beneficios a un ciudadano habilitado para votar —con el fin de influir en su voto, hacerlo en blanco o abstenerse de votar— incurrirá en una pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, además de una multa equivalente a entre 200 y 1 000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Igualmente relevante es que la ley también penaliza al propio votante cuando acepta el dinero, dádiva, contrato o beneficio con esos fines. En ese caso, se aplicará la misma pena: prisión de cuatro a ocho años y multa entre 200 y 1.000 Smlmv.
La norma considera agravantes para ciertos actores involucrados. Cuando el autor de la conducta es un servidor público, la pena se aumenta entre una tercera parte y la mitad.
Si, además, los beneficios o dádivas ofrecidas están financiadas con recursos públicos, la pena se incrementa dramáticamente, elevándose desde la mitad hasta el doble de la pena base.
Para aplicar la pena de manera graduada, la jurisprudencia colombiana utiliza el concepto de “marco de movilidad”. Según este modelo, el rango de prisión (48–96 meses) y multa (200–1 000 SMLMV) se divide en cuatro cuartos.
- Primer cuarto: prisión de 48-60 meses y multa de 200-400 smlv.
- Segundo cuarto: prisión de 60-72 meses y multa de 400-600 smlv.
- Tercer cuarto: prisión de 72-84 meses y multa de 600-800 smlv.
- Cuarto cuarto: prisión de 84-96 meses y multa de 800-1 000 smlv.
La ubicación en uno u otro cuarto depende de las circunstancias del caso —agravantes o atenuantes— y es definida por el juez con base en estándares del Código Penal
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