
El expresidente de Colombia César Gaviria Trujillo, director del Partido Liberal, afirmó que “el Gobierno avanza con una estrategia de expropiación indirecta en extensas zonas del territorio nacional.
Según el exmandatario, el presidente Gustavo Petro “optó por acudir a figuras antidemocráticas para definir y reglamentar los usos del suelo”.
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Gaviria denunció: “Mediante resoluciones y decretos exprés carentes de ejercicios participativos, rigurosos, incluyentes e integrales”, se modifica la tenencia y actividad sobre los predios rurales, excluyendo la participación de entidades territoriales, lo que genera incertidumbre y frena la inversión.
El exmandatario alertó que “detrimento casi absoluto, en algunos casos, del valor de los mencionados predios en el mercado, al restringirse prácticamente todos los usos posibles que no sean la pequeña actividad agrícola”.

Gaviria explicó que la diferencia entre la expropiación directa y la indirecta radica en la vía utilizada: la segunda ocurre a través de “acciones o regulaciones” que, según sus palabras, llevan el sello de la administración Petro.
Al respecto puntualizó: “Hacen que la propiedad sea económicamente no rentable, o incluso que el propietario pierda el control y el valor sustancial de la misma y los proyectos, obras o actividades que pretendía ejecutar en los mismos se hagan inviables”.
Gaviria también comparó estos procedimientos con situaciones en China, Venezuela y Congo, donde regulaciones impuestas posterior a la compra de terrenos han limitado el ejercicio pleno de la propiedad privada.
El dirigente liberal remarcó el papel de herramientas como las Zonas de Protección para la Producción Agroalimentaria (Zppa) y las Áreas de Protección para la Producción Agroalimentaria (Appa), que destinan sectores exclusivos para producción de alimentos o protección, excluyendo otras actividades productivas.
Hasta la fecha, la administración nacional ha declarado Zppa en cerca de 400.000 hectáreas en más de 40 municipios Appa en más de siete municipios de La Guajira.
El propio exmandatario advirtió que los anuncios incluyen ahora la Sabana de Bogotá, con cerca de 50.000 hectáreas en municipios de la zona y el suroeste antioqueño, extendiéndose a 22 municipios y potencialmente a unas 250.000 hectáreas.

Además, el gobierno sigue identificando áreas adicionales de aplicación en aproximadamente 100 municipios de Córdoba, Antioquia, Sabana Centro de Cundinamarca, Tolima, Santander, Putumayo, Cauca y Meta.
Otra de las preocupaciones expuestas por Gaviria es la intención de declarar áreas de reservas temporales en municipios de Antioquia y Santander, lo que, según argumenta, bloquearía actividades clave como la minería, la agroindustria y la ganadería.
“Bajo esta figura, ya ha declarado 9 municipios del suroeste antioqueño y en áreas de 37.000 hectáreas, comprendida entre los municipios de Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada. Adicionalmente, una amplia área del departamento de Santander donde se incluyen los municipios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona, incluida la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander”, reseña el comunicado.
El exmandatario puso la atención en el caso del municipio de Jericó, donde se encuentra el mayor depósito de cobre del país, un mineral relevante para la transición energética y cuyo proyecto cuenta con declaración de importancia nacional.
Gaviria sugirió que estos bloqueos podrían no solo limitar el aprovechamiento del recurso sino afectar proyectos estratégicos de
Finalmente, Gaviria hizo un llamado a alcaldes, gobernadores, concejales y asambleístas a actuar legalmente y defender los derechos sobre el uso del suelo en sus territorios.

“Tenemos que eliminar toda norma que pretenda eliminar la propiedad privada”: María Fernanda Cabal
En días pasados, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal advirtió de que no se puede permitir que el Gobierno de Gustavo Petro pretenda crear leyes de expropiación en contra de la propiedad privada y las libertades de las personas.
“Los parameros de Boyacá no quieren subsidios de esos que prometen las Ministras de Petro; ellos quieren trabajar su tierra que les pertenece sin ser perseguidos por el Estado. Tenemos que eliminar toda norma que pretenda expropiar la propiedad privada y las libertades de las personas”, afirmó la senadora.
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