Transición en riesgo: retrasos ponen en duda la meta de Petro de 6 gigavatios en energías limpias

En Colombia, el consumo eléctrico avanza a un ritmo que duplica la capacidad de generación, una señal de alerta que ya preocupa al sector energético. Según cálculos de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), si no se triplica la inversión en nuevas fuentes, el país podría enfrentar un déficit estructural de energía hacia 2027. La advertencia llega en un momento clave puesto que, el Gobierno de Gustavo Petro se propuso alcanzar 6 gigavatios (GW) de energías limpias antes de agosto de 2026, pero las demoras actuales ponen en duda esa meta.

A pesar de los retrasos, el avance logrado hasta ahora no es menor. El país ya cuenta con 85 proyectos de gran y mediana escala en operación o en fase de pruebas, la mayoría solares, que suman 2.376 megavatios (MW) de capacidad instalada. De ese total, 482 MW provienen de 14 iniciativas que entraron en marcha este año, suficientes para abastecer el consumo de ciudades como Cali y Barranquilla juntas. A esto se añade casi 1 gigavatio en proyectos de autogeneración y generación distribuida, que elevan a más de 20.000 las instalaciones en todo el territorio.

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Los beneficios ya se sienten en la economía. La apuesta por renovables se traduce en USD2.500 millones en inversión, más de 22.000 empleos directos durante la construcción y cerca de $10 billones en aportes fiscales y al mercado eléctrico. Sin embargo, para el gremio, este impulso inicial no basta si no se logran mecanismos más ágiles que aceleren la expansión de la capacidad instalada.

“Superar la barrera de los 2 gigavatios en proyectos grandes y casi 1 gigavatio en autogeneración y generación distribuida demuestra que las energías renovables no solo son viables, sino estratégicas para el desarrollo económico y social del país”, aseguró Alexandra Hernández, presidente ejecutiva de SER Colombia. Pero advirtió, “sin embargo, el tiempo no está de nuestro lado, debemos actuar con decisión para que este crecimiento sea más rápido y esté a la altura de la demanda eléctrica que aumenta aceleradamente”.

En el mediano plazo, hay 21 proyectos en construcción: 12 de ellos sumarán 419 MW antes de que termine 2025 y otros 9 aportarían 493 MW entre 2026 y 2027. Más allá, existen 132 proyectos adicionales —7.900 MW— en fases tempranas de desarrollo que podrían transformar el mapa energético colombiano si logran superar las barreras actuales.

Esas barreras son principalmente dos. La primera es la tramitología. En el país hay 247 procesos pendientes en diferentes entidades, algunos con demoras de más de 2.000 días. Entre ellos, 55 reposan en las Corporaciones Autónomas Regionales, 37 en operadores de red, 24 en coexistencias con privados y 8 en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Una encuesta del gremio mostró que un proyecto sin licencia ambiental puede tardar entre dos y cinco años en entrar en operación; con licencia, el plazo puede extenderse hasta siete.

La segunda dificultad es financiera. Para cerrar los proyectos, resultan claves los contratos de largo plazo, generalmente definidos a través de subastas. No obstante, las reglas vigentes restaron atractivo a las energías renovables por los precios techo impuestos, los criterios de cálculo de ajustes en el cargo por confiabilidad y el bajo reconocimiento de su aporte a la estabilidad del sistema.

Conscientes de que los tiempos apremian, el Gobierno nacional y SER Colombia trabajan en un plan de choque que contempla ocho medidas regulatorias urgentes. Cinco de ellas ya muestran avances. Entre ellas, un procedimiento ágil para resolver superposiciones con proyectos de hidrocarburos y minería; la creación de una licencia ambiental simplificada para parques solares —con el propósito de reducir tiempos de trámite a la mitad—; un proceso exprés para asignación de capacidad en la red; la figura de autogeneración remota, que permitirá a usuarios consumir energía desde otras regiones; y la convocatoria de una subasta de contratos de largo plazo, considerada esencial para asegurar el financiamiento.

Las otras tres medidas aún en discusión son: ajustes al cargo por confiabilidad, nuevas reglas para el ingreso de plantas menores y el cálculo de desviaciones, y lineamientos claros para el uso de baterías como mecanismo de almacenamiento.

El panorama, en suma, muestra avances tangibles, pero también un reloj en contra. Colombia ya dio un paso firme hacia la transición energética, pero mantener el ritmo dependerá de decisiones rápidas que permitan a los proyectos salir de los escritorios y conectarse a la red. De lo contrario, el país podría enfrentar una paradoja, contar con el potencial renovable, pero no con la capacidad suficiente para responder al crecimiento de su demanda eléctrica.