“Conversamos sobre la hoja de ruta establecida y acordada entre ambos Gobiernos para la venta de Monómeros, compañía clave para el sector agrícola de Colombia”, afirmó la representante del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, tras su encuentro con el ministro de Energía y Minas de Colombia, Edwin Palma.
La declaración, difundida a través de Telegram, marcó un punto de inflexión en la relación bilateral, al confirmar que Venezuela y Colombia avanzan en la revisión de los pasos para la venta de la petroquímica estatal Monómeros, una empresa cuya relevancia trasciende el ámbito económico y se inscribe en el centro de la seguridad alimentaria regional.
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La información se produjo en un entorno de tensiones diplomáticas y de supervisión regulatoria sobre el futuro de la compañía.
La reunión entre Delcy Rodríguez y Edwin Palma, celebrada en Caracas, no solo abordó la hoja de ruta para la venta de Monómeros, sino que incluyó una evaluación de la agenda de cooperación energética entre ambos países, que abarca petróleo, gas y energía eléctrica.
La funcionaria venezolana evitó precisar los términos o el alcance de la futura transacción, lo que mantiene la incertidumbre sobre el destino de una empresa considerada estratégica para el sector agrícola colombiano.
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El trasfondo de este encuentro se remonta a noviembre de 2024, cuando la Superintendencia de Sociedades de Colombia anunció la apertura de una actuación administrativa para someter a Monómeros al grado de supervisión denominado “control”, ante la posibilidad de venta de sus acciones.
Según el comunicado oficial, “el grado de supervisión denominado ‘control’ no es una toma de posesión ni faculta a la Superintendencia de Sociedades para coadministrar la Sociedad, quien conserva su autonomía con las limitaciones y para los fines indicados en la Constitución y la ley, con plena garantía de sus derechos”.
Esta aclaración buscó disipar temores sobre una posible intervención directa, al tiempo que subrayó la vigilancia sobre el proceso de venta.
La controversia en torno a Monómeros se intensificó cuando el presidente Gustavo Petro hizo pública su oposición a la privatización de la empresa.
El 8 de noviembre, Petro envió una carta a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en la que expresó su desacuerdo con la decisión atribuida al ministro de Industria y Producción de Venezuela, el empresario colombiano Alex Saab, de vender y privatizar Monómeros.
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En la misiva, el mandatario colombiano subrayó que “durante más de cinco décadas la empresa ha beneficiado a campesinos de ambos países con producción y venta a ‘precio justo’ de insumos agrícolas y, actualmente, garantiza a ‘millones de familias’ la productividad de sus tierras, por lo que consideró que la privatización ‘implicará el encarecimiento de los productos’”.
Esta postura refleja la preocupación del Gobierno colombiano por el impacto que una eventual venta podría tener sobre los precios de los insumos agrícolas y, en consecuencia, sobre la seguridad alimentaria de la región.
Hasta la reciente reunión en Caracas, el régimen venezolano no había hecho pública su decisión de vender la empresa petroquímica, cuya sede se encuentra en Barranquilla.
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Monómeros, una de las principales productoras de fertilizantes en Colombia, ha sido objeto de controversias políticas y económicas en los últimos años, debido a su papel central en la cadena de suministro agrícola y a su influencia en la estabilidad de los precios de los alimentos.
La supervisión administrativa impuesta por la Superintendencia de Sociedades de Colombia no implica una intervención directa ni la coadministración de la empresa, sino que busca garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de la compañía durante el proceso de venta.
Esta medida se inscribe en el marco legal colombiano y responde a la necesidad de asegurar la transparencia y la legalidad en una operación que podría tener repercusiones significativas para el sector agrícola y para las relaciones bilaterales.
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La agenda energética entre Caracas y Bogotá, que incluye la cooperación en petróleo, gas y energía eléctrica, se mantiene como un eje central en las conversaciones, aunque la atención pública y política sigue centrada en el futuro de Monómeros.
La falta de detalles sobre los términos de la venta y la ausencia de información precisa sobre el alcance de la transacción alimentan la incertidumbre en torno a una empresa que, según palabras de Delcy Rodríguez, es “clave para el sector agrícola de Colombia”.
La situación de Monómeros ilustra la complejidad de las relaciones entre Venezuela y Colombia, en la que los intereses económicos, políticos y sociales convergen en torno a una compañía cuya venta podría redefinir el equilibrio en el suministro de insumos agrícolas y en la cooperación energética regional.
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